La Presidenta del PP y Senadora, Paloma Sanz, los diputados, Pablo Pérez y María Cuesta y los senadores, Juan José Sanz Vitorio y Mª Ángeles García aseguran que la okupación de viviendas es un gran problema social que se apoya en interpretaciones de la legislación efectuadas de mala fe, que atenta contra el derecho de propiedad privada, quitando la posesión de la misma al legítimo propietario. Impiden a muchos pequeños propietarios obtener las rentas a las que tienen derecho por el alquiler de su vivienda, donde han depositado el ahorro.
Por ello se muestran satisfechos porque el Pleno del Senado ha aprobado la toma en consideración de la Ley antiokupación presentada por el Grupo Parlamentario Popular y en la que se plantean cambios que permitirán proteger la propiedad privada, endurecerá las penas por okupación ilegal, facilitará el desalojo de los okupas en 24 horas e impedirá el empadronamiento en las viviendas okupadas. Incluye, además, los delitos en los procedimientos de enjuiciamiento rápido, se establecen penas para aquellos que alienten o fomenten la okupación, y habilitará a las comunidades de propietarios para que puedan actuar en los procesos judiciales contra los okupas y adoptar medidas preventivas.
Para los populares además este hecho ilícito “ocasiona muchos problemas de convivencia vecinal provocando una inseguridad a los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales, además provoca el deterioro de los espacios y la degradación de barrios completos y genera una gran alarma social en un buen número de ciudadanos”. Asimismo, subrayan que no se trata tanto de colectivos antisistema, o de hechos aislados, sino de auténticas redes criminales, en muchos casos mafias organizadas, que se aprovechan los resquicios de la ley para delinquir.
Desde que llegó Sánchez a la Moncloa la okupación se ha multiplicado en España, de 2018 a 2022 se ha incrementado un 37% según datos del Ministerio del Interior. En 2022 (último año completo del que hay datos) se registraron 16.726 denuncias por okupación, casi 46 al día, indican los parlamentarios populares.
Los parlamentarios del PP que defienden la tolerancia cero en esta situación indican que las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y la protección a las familias en situación de emergencia social no tienen nada que ver con la okupación ilegal, porque a un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege.
El marco legal actual, según los diputados y senadores del PP, se ha demostrado poco eficaz en la protección adecuada del derecho de propiedad, fundamentalmente porque las exigencias procesales, y sus costes y plazos, suponen unos tiempos de respuesta que no se alinean con el fin de protección que debería perseguir la ley.
