Ante las circunstancias acaecidas en muchos de los momentos de la existencia humana, estarán de acuerdo conmigo, que su capacidad de reacción es bastante previsible.
Cualquier reto, principalmente en el corto plazo, se afronta de forma directa; incluso aunque los resultados pudieran ser distintos a los pretendidos, y que no son otros que aquellos que sirven para atender la necesidad en su salud, su alimentación, en energía e incluso los momentos de ocio; las personas lo consiguen en la mayoría de los casos a través de la generación de recursos por la prestación de uno o varios trabajos, de forma autónoma o por cuenta ajena.
Y en el largo plazo, más previsible aun; sobre todo en todo aquello que justifica su supervivencia y que no es otra cosa que conseguir un hogar en uno o varios lugares donde vivir y compartir con sus semejantes.
Para cualquier otro menester, las instituciones públicas tratan, con diferentes maneras y procesos, de prestar medios y servicios a sus ciudadanos y casi siempre, mediante contraprestación. Los tributos, impuestos, tasas y contribuciones, se agolpan en la puerta del domicilio de cada uno para que con ellos tengamos los servicios (Agua, alumbrado y limpieza viaria y doméstica, transporte público, etc.) más perentorios cubiertos.
¿Y qué ocurre, cuando el individuo no satisface sus desafíos a lo largo de su vida? Camaleónicamente se adapta al medio, analiza, optimiza y economiza aquellos escasos recursos con lo obtenido de su esfuerzo; contando en muchos casos con nuevas fórmulas, las financieras, aun conociendo la responsabilidad adquirida durante tiempo y tiempo. Pero…..
¿Y el resto? Entidades locales, Comunidades Autónomas y el propio Estado, cuando por la gestión de sus recursos no culminan a cumplir para lo que se encuentran obligados e incluso para cubrir las promesas de los representantes políticos; también se adaptan, pero de forma diferente. Tienen a su disposición igualmente sus fórmulas, también financieras; pero a diferencia que la garantía del individuo radica en su capacidad y solvencia, la de los entes públicos, el aval es de todos, y no es otro que la riqueza que genera su ciudad, región o país, su Producto Interior Bruto (PIB).
Volvamos a fijarnos en el ciudadano que llega malamente a fin de mes y que tiene que hacer frente a ciertas necesidades u obligaciones y el saldo en sus cuentas corrientes no alcanzan para ello y su capacidad está en el límite de su solvencia económica o patrimonial. Entonces su garantía desaparece frente a terceros y las restricciones se hacen imprescindibles, más bien obligatorias, de pura supervivencia.
Su respuesta comercial e industrial es innata; por ejemplo, no se realizarán reformas en su vivienda, ni se cambiarán de vehículo, ni siquiera en el mantenimiento domestico dedicaran parte de sus recursos, puesto que no existen.
Y si nos fijamos en el sector más joven de la población, que han renunciado, en gran número, por ejemplo, a conseguir una vivienda en propiedad; la respuesta es muy significativa: los escasos recursos son para conseguir su supervivencia y su “inversión” se centrara’ en gran medida en el ocio. La repercusión es lógica, disminución en la demanda de bienes de consumo duradero y por ende reducción del volumen de pedidos en las fábricas con la consiguiente repercusión en el mantenimiento del empleo de las mismas.
¿En frente, el sector público cómo hace frente a los desajustes económicos provenientes de un gasto público que excede de sus ingresos, de una mala administración financiera o de políticas fiscales ineficientes?
En un primer momento puede acudir a incrementar la presión fiscal, con la subida de los tipos impositivos de forma clara o por el contrario de forma silenciosa; no adaptando aquellos al incremento de los precios, es decir a la inflación.
En cualquier caso, la ausencia de control, del efecto déficit fiscal puede dar lugar a problemas económicos graves con el aumento de la deuda pública y consiguiente aumento en los precios.
Paralelamente, pero no siempre es lo políticamente correcto, acciones para reducir gastos públicos y en cualquier otro caso fomentando el crecimiento económico, podrían corregir los desequilibrios. Si no es así, un elevado déficit fiscal impacta negativamente en los ciudadanos, en su poder adquisitivo y en su calidad de vida.
La solución en otros tiempos, cuando existía una moneda única, era la emisión de más moneda con todos los inconvenientes económicos y sociales que la medida conllevaba. Ahora la forma es el aumento de la deuda pública, que origina una mayor dependencia de los mercados internacionales y organismos financieros, generando desconfianza en los mercados, volatilidad económica y riesgos de crisis financiera
Para hacernos una idea presentamos los últimos datos publicados. En 2023 el PIB en España alcanzó la cifra de 1,46 Billones de euros y la Deuda Pública existente en ese mismo año llego a 1,574 Billones de euros; es decir nuestra deuda alcanza el 107,70 % de nuestro PIB o en “roman paladino”, debemos más de lo que generamos. Y dos datos más significativos, la deuda por cada ciudadano español en el primer trimestre de 2024 es de 33.183 euros, y el coste financiero de la misma alcanzaba en 2022, 31.595 M de euros, o lo que es lo mismo 90 millones de euros diarios.
En resumen, el ciudadano, aun con las pequeñas bajadas en los tipos de interés anunciados, no tendrá mucho margen para mejorar en el corto plazo su umbral de supervivencia y siempre y cuando la capacidad de endeudamiento de las administraciones públicas no se vea mermada bajo el paraguas comunitario y aparezcan en el horizonte los recortes con los que siempre se amaga en las tertulias radio-televisivas y en las barras de los bares.
Mario Sastre de la Calle
