El grupo municipal del PSOE ha reclamado al Gobierno municipal del PP de José Mazarías que abandone su inacción y ponga en marcha acciones inmediatas para la protección y conservación de nuestro Patrimonio cultural tras dos años en los que ha demostrado un desinterés y una desatención más que evidentes. Para los socialistas, es clave que el Ayuntamiento ponga en marcha de una vez instrumentos como el Plan de Gestión de la Ciudad Vieja y su Acueducto, amparado por UNESCO, y que el PP ha guardado de forma incomprensible en un cajón.
Los socialistas también abogan por que la recaudación derivada de sanciones impuestas al amparo de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, en su apartado relativo a acciones contra el patrimonio, se destine de forma íntegra a financiar intervenciones de mejora, conservación y rehabilitación del patrimonio histórico de la ciudad, además de campañas de divulgación y concienciación, con especial atención al Acueducto y al conjunto declarado Patrimonio Mundial.
Con esta actuación propuesta por los socialistas, la ciudad de Segovia —que acaba de asumir la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad— pondría en marcha una medida que sería todo un ejemplo de concienciación y compromiso, al vincular las lógicas sanciones por conductas incívicas y ataques a nuestro patrimonio con la reparación del daño causado al legado histórico de la ciudad.
En dos años al frente del Ayuntamiento, el Gobierno del PP ha demostrado un desinterés por el Patrimonio muy preocupante, que ha derivado en la parálisis y ralentización de proyectos financiados con fondos europeos, nulas inversiones y hasta la devolución de subvenciones. No es una cuestión de falta de recursos –disponen de estos fondos europeos e ingresos por infracciones cuando se atenta contra nuestro patrimonio-, sino de una falta total de sensibilidad, voluntad y compromiso, como lo demuestra que el Plan de Gestión de la Ciudad Vieja y su Acueducto, que UNESCO pone como ejemplo, sigue guardado en un cajón, sin que se haya puesto en marcha el órgano para su puesta en marcha.
Un informe del departamento de Patrimonio Histórico, elaborado como respuesta a una petición del grupo municipal del PSOE, indica que entre marzo de 2023 —fecha en la que entró en vigor la modificación de la Ordenanza promovida por el anterior gobierno del PSOE— y mayo de 2025, se han tramitado 59 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con daños al patrimonio histórico desde la Concejalía de Patrimonio Histórico.
Según el informe, de los 59 expedientes, 29 de ellos se corresponden con infracciones del artículo 22.3 b) de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que el Gobierno municipal del PSOE reformó en el anterior mandato para incluir nuevos supuestos sobre el Acueducto de Segovia. En concreto, el apartado 3 b) prohíbe “escalar, subir, trepar, descolgarse o cualquier otra acción similar en el Acueducto, sin autorización municipal”, conductas que se tipifican como infracción muy grave, con multas de 1.500 a 3.000 euros.
Los 30 expedientes restantes de procedimiento sancionador relacionados con acciones contra el Patrimonio y tramitados de marzo de 2023 a mayo de 2025 se relacionan con infracciones del artículo 26.2 de esta Ordenanza de Convivencia Ciudadana que sanciona cualquier manipulación o depósito prohibido en papeleras o contenedores, pero también el depósito de residuos entre la junta de los sillares tanto del Acueducto como de otros bienes patrimoniales construidos con sillares de piedra con una sanción máxima de 750 euros, al tratarse de una infracción leve.
Las juntas de los sillares, espacios entre bloques de piedra colocados sin argamasa, típicos en construcciones romanas como el Acueducto de Segovia, son muy sensibles al deterioro físico, por lo que cualquier acción que afecte a estas juntas —como introducir papeles, colillas, chicles o plantas— se considera una agresión directa al monumento.
En este periodo, entre marzo de 2023 y mayo de 2025, el impacto económico de estas sanciones asciende a 129.583,29 euros liquidados, de los cuales 50.071,75 euros ya han sido recaudados y 70.011,49 euros permanecen pendientes de cobro. Además, se han anulado sanciones por valor de 9.500,05 euros, ya sea por resolución, recurso o prescripción.
Según el mismo informe, entre 2020 y mayo de 2025 el Ayuntamiento ha liquidado un total de 177.601,44 euros en sanciones por atentados contra el patrimonio, con una recaudación efectiva de 79.374,75 euros y otros 78.186,60 euros aún pendientes de ingreso, mientras que otros 20.040,09 euros se corresponden con liquidaciones anuladas por distintos motivos.
Antes de la reforma de 2023, los expedientes sancionadores se tramitaban desde otros departamentos, como Tráfico, Medio Ambiente o Policía Local. La modificación de la ordenanza impulsada por el anterior Gobierno municipal del PSOE permitió que, por primera vez, la Concejalía de Patrimonio Histórico pudiera actuar directamente frente a infracciones específicas, reforzando la vigilancia y el control sobre bienes especialmente sensibles como el Acueducto.
La modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, aprobada por unanimidad en diciembre de 2022, introdujo infracciones graves y muy graves por comportamientos como acceder al canal del Acueducto sin autorización, arrojar residuos o líquidos sobre sus sillares, o realizar pintadas sobre bienes protegidos.
Las sanciones, que pueden alcanzar los 3.000 euros, buscaban disuadir conductas incívicas y proteger de forma activa los elementos declarados Bien de Interés Cultural y Patrimonio Mundial. La ordenanza también mejoró el marco de actuación para los entornos urbanos históricos y promovió una conciencia más rigurosa del valor del espacio patrimonial.
Junto a la modificación normativa, el Gobierno municipal socialista dejó en marcha la redacción del Plan de Gestión de la Ciudad Vieja y su Acueducto, un documento clave exigido por la UNESCO para coordinar la conservación, planificación y usos del conjunto patrimonial.
En noviembre de 2024, UNESCO validó este Plan de Gestión. Segovia se convirtió así en la primera ciudad de Castilla y León –y de las seis primeras declaradas como Patrimonio Mundial—que cuentan con un Plan amparado por el organismo internacional. El Plan, como decimos, gestado en el anterior mandato bajo Gobierno socialista, marca la estrategia de Segovia para conjugar la protección y gestión de sus valores patrimoniales universales con su adaptación a las necesidades de una ciudad “vivida” del siglo XXI
Sin embargo, con el Gobierno del PP de José Mazarías este Plan de Gestión, que los populares calificaron como una mera declaración de intenciones, permanece paralizado, sin avances ni voluntad política de retomarlo.
Esta situación resulta especialmente incoherente en un momento en el que Segovia acaba de asumir la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, una responsabilidad institucional que debería ir acompañada de una gestión ejemplar del patrimonio local.
No se puede representar a las ciudades Patrimonio mientras aquí se pierden subvenciones, se improvisan actuaciones sin control y se ejecuta un 4 % del presupuesto destinado a patrimonio. Presidir este grupo no es una oportunidad para figurar, sino para demostrar con hechos que Segovia está a la altura de los objetivos y razón de ser de la institución.
En los dos últimos años, la gestión patrimonial del Gobierno del PP ha estado marcada por la desidia y la negligencia. El Ayuntamiento ha devuelto o dejado perder subvenciones clave, como aquellos 100.000 euros destinados a restaurar el Acueducto o la ayuda vinculada al Plan Director de la Muralla, que tampoco se ejecutó por falta de tramitación.
Recordemos que el equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia ha tenido que devolver 48.564,21 euros correspondientes a la subvención del Ministerio de Cultura destinada a la redacción del Plan Director de la Muralla, cuyo proyecto empezó a tramitarse en abril de 2024, pero no llegó a tiempo para justificar la ayuda recibida en febrero de 2025.
Además, debió reintegrar 82.563,90 euros de una subvención de 100.000 euros otorgada en 2023 para actuaciones en el Acueducto, ya que solo ejecutó 17.436,10 euros antes de que venciera el plazo, lo que le obligó a devolver la mayor parte del importe.
En ambos casos, se trataba de fondos aprobados y sufragados por instituciones externas, pero la falta de planificación, seguimiento y voluntad política ha llevado a la ciudad a renunciar a ayudas cuantiosas que podrían haberse dedicado a restaurar dos de sus bienes más representativos, justo ahora que, como decimos, Segovia acaba de asumir la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.
A ello se suma la falta de ejecución de más de tres millones de euros del Plan Impulsa Patrimonio, A pesar de contar con una dotación de 3 millones de euros concedidos al amparo del Plan Impulsa Patrimonio para financiar cuatro proyectos de rehabilitación del patrimonio —como la muralla, el foro romano, la iglesia de San Nicolás y los jardines del entorno— el Ayuntamiento de Segovia, bajo el gobierno del PP, apenas ha ejecutado 171.000 euros, según los datos facilitados hace apenas tres meses, a pesar de que el plazo máximo de finalización se extiende hasta octubre de 2025
Esta lentitud administrativa no es fruto del azar o de un retraso menor: es el resultado de una falta de impulso político, de prioridad institucional y de capacidad de gestión, lo que pone en riesgo la totalidad de la subvención.
Otras actuaciones también ponen en cuestión la sensibilidad del PP y del alcalde Mazarías con nuestro patrimonio, como autorizar la instalación de una churrería junto a la iglesia de San Martín —que acabó en una explosión con heridos— o el mercado romano celebrado a los pies del Acueducto, ambos en contra del criterio técnico de Patrimonio.
A la luz de sus actuaciones, para el Gobierno de Mazarías el patrimonio es solo un decorado y fondo para las fotos, para conciertos, espectáculos o ferias. Pero Segovia atesora un legado de un valor universal excepcional, una herencia que requiere respeto, inversión y planificación.
