El grupo municipal del PSOE considera incomprensible e indignante que el concejal de Deportes del PP, Jesús Garrido, haya intentado justificar su gestión chapucera e irresponsable en relación al torneo internacional femenino de baloncesto celebrado en julio de 2024 en el pabellón Pedro Delgado. Garrido ha tratado de banalizar lo ocurrido presentando como un trámite ordinario la responsabilidad patrimonial que la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha tenido que presentar para poder cobrar.
Esa reclamación no es una figura de tramitación diaria; es un mecanismo excepcional que solo se utiliza cuando existe un daño económico causado por una administración, derivado de una actuación defectuosa o negligente.
Y esa es la realidad que intenta minimizar el PP: la Federación Española de Baloncesto no ha recibido el dinero “comprometido verbalmente” —algo totalmente contrario a la ley— y el único motivo por el que se ha presentado esa reclamación es porque no se ha pagado. La propia Federación ha tenido que acudir a ese cauce para poder cobrar 133.100 euros que se le comprometieron verbalmente y por correo electrónico. Nunca se ejecutó ese pago en un procedimiento regular conforme a la ley como debería haberse producido.
El PP insiste en que “todo es normal” y que “todo se pagará sin problema”, pero esa no es la cuestión: la clave es por qué se ha llegado a esta situación impropia de una administración responsable.
Si todo fuera normal, no habría una reclamación patrimonial y un decreto del alcalde reconociendo el compromiso verbal por importe de 133.100 euros, y no habría una Federación que ha tenido que adelantar gastos y que, a día de hoy, sigue sin haber cobrado un solo euro. Recordemos que en el escrito de reclamación la FEB califica la actuación de los responsables municipales como “negligente”.
Las declaraciones del concejal tratan de hacer pasar por rutina algo que no lo es. Y la realidad —documentada y objetiva— es que se adquirió un compromiso verbal sin contrato, sin fiscalización, sin expediente y sin respetar los cauces que marca la Ley.
Además, resulta especialmente grave que el concejal intente hacer responsables a los técnicos municipales y sus “divergencias”. Las decisiones políticas son decisiones políticas, y los procedimientos administrativos existen precisamente para garantizar legalidad y seguridad jurídica. La responsabilidad de no haber seguido el procedimiento no es de los técnicos. Los técnicos aplican la ley; no deciden saltársela. Y es el equipo de Gobierno del PP el que decidió actuar a base de compromisos verbales y anuncios públicos sin formalizar los instrumentos necesarios para respaldar jurídicamente aquello que se estaba anunciando.
Igualmente, el grupo municipal del PSOE rechaza de manera tajante la afirmación del concejal de que “los grupos de la oposición estaban informados” y que “todo se ha hecho con su conocimiento”. Esa afirmación es falsa. El PSOE votó en contra de la modificación presupuestaria que habilitaba la partida de 135.000 euros, porque ya entonces se consideró que el expediente llegaba sin garantías y sin el respaldo formal adecuado.
Desde el pleno del 31 de mayo hasta este momento no se ha dado traslado a la oposición de ninguna información relevante sobre este expediente, y nadie ha informado de que no existía contrato ni fiscalización por parte de la Intervención. El intento del PP de implicar ahora a la oposición como si existiera un aval político compartido es inaceptable. La oposición no ha conocido los pasos dados, porque no se les ha comunicado; y no ha avalado las decisiones, porque votó en contra.
La oposición no ha sido partícipe del desarrollo de este expediente, ni se le ha informado de la ausencia de contrato, ni de la ausencia de fiscalización previa, ni de la ausencia de procedimiento formal. Es absolutamente falso sostener, como ha apuntado el concejal Jesús Garrido, que hubo consenso político o acompañamiento de los grupos de la oposición.
El PSOE insiste: esta situación no se ha producido porque el expediente esté “avanzando dentro de la normalidad”, sino, precisamente, por lo contrario. La Federación ha tenido que presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial porque no ha cobrado, y lo ha hecho como último recurso, después de siete meses sin respuesta. Si el procedimiento hubiera sido el correcto, esa reclamación no existiría. Si el contrato hubiera estado firmado, esa reclamación no existiría. Si se hubiera fiscalizado adecuadamente, esa reclamación no existiría. Y si la gestión fuera la que exige la normativa, hoy no estaríamos ante este escenario.
Por eso, el grupo municipal del PSOE exige transparencia, claridad y rendición de cuentas. Y considera imprescindible que tanto el alcalde, José Mazarías, como el concejal de Deportes, Jesús Garrido, comparezcan en comisión informativa, porque son ellos quienes deben explicar qué se ha hecho, por qué se ha hecho así, y por qué no se ha pagado aún. Esta misma mañana, se ha registrado formalmente la petición de esta comisión extraordinaria de Cultura con el respaldo de todos los grupos, salvo VOX.
Segovia no puede normalizar lo que no es normal: un evento deportivo internacional con un compromiso económico público sin procedimiento contractual, sin fiscalización, sin control administrativo, y que a día de hoy sigue sin estar abonado. La federación ha cumplido con su parte; el Ayuntamiento no.
El PP insiste en que “se va a pagar, faltaría más”. Pero esa frase no es una explicación: es una evidencia de que no se ha pagado. La obligación de pagar existía desde el momento en que se contrajeron los compromisos. El daño económico a la Federación se ha producido, porque ha tenido que adelantar los gastos por la urgencia del Ayuntamiento y ha tenido que acudir a una vía excepcional para poder cobrarlos. Y el daño reputacional a Segovia se ha producido, porque ninguna ciudad debe ser noticia por improvisaciones administrativas, sino por su capacidad de organizar y de gestionar con rigor.
Esta situación no debe repetirse. No debe normalizarse. Y no se puede intentar vestir de normalidad lo que evidencia una mala gestión administrativa. Segovia merece procesos claros, seguridad jurídica y respeto a la ley. Y no episodios como éste.
El caso “Balón de Humo”, como así lo han bautizado los socialistas, se suma a otros ejemplos recientes que, a juicio del PSOE, reflejan una falta de planificación y de rigor administrativo en la gestión municipal del Gobierno del PP.
Recordemos, por ejemplo, que el equipo de Gobierno del alcalde Mazarías no ha presentado el proyecto de presupuesto municipal para 2026 dentro del plazo establecido, que vencía el 15 de octubre de 2025.
El Gobierno del PP de Mazarías basa su gestión en el capricho, la improvisación y la pura propaganda. Y para eso no les importa incluso saltarse la ley.
Asimismo, cabe recordar el despropósito de la gestión y descontrol del ‘maravilloso’ “Paseo de la Navidad”, donde, tras la denuncia del PSOE, el Consejo Consultivo de Castilla y León se pronunció en relación con la adjudicación y con determinados pagos
señalando irregularidades y gastos indebidos. O aquel mercado romano que se celebró a los pies del Acueducto pese al informe técnico negativo de Patrimonio Histórico.
Y recordemos que la anterior concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, presentó su dimisión tras ocultar su entramado empresarial y quedar demostradas las irregularidades urbanísticas con la construcción de 18 trasteros sin autorización municipal. El PP llegó a hablar, recordemos, de que se trataban de unas obras menores y terminaron con el precinto y clausura de unos garajes.
El grupo municipal socialista insiste en que el Ayuntamiento debe asumir las responsabilidades derivadas de este proceso, y que la explicación de lo sucedido debe producirse en el marco formal de comisión informativa, con la comparecencia del alcalde y del concejal de Deportes, y con la documentación completa del expediente administrativo.
Este grupo municipal sostiene que la Federación Española de Baloncesto debe percibir el importe que se comprometió, y considera que resulta necesario revisar los procedimientos internos para garantizar que la relación con entidades deportivas o culturales se realiza en el marco de los procedimientos previstos por la normativa vigente.
