La vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado que prohibir el burka vulneraría los artículos 14 y 16 de la Constitución Española. Ha calificado la propuesta de «retrógrada» y defiende que el Estado no puede legislar sobre la vestimenta de las mujeres basándose en dogmas. Resulta curioso que, en nombre del progreso, se termine amparando la prenda que mejor simboliza la invisibilidad forzada.
Sin embargo, para muchos, el burka no es una expresión de fe, sino un símbolo de opresión y desigualdad que anula la identidad de la mujer. Desde esta perspectiva, defender su uso apelando a la libertad religiosa es una contradicción flagrante: la prenda en sí misma atenta contra la dignidad y la igualdad, principios que deben prevalecer en una sociedad democrática. El derecho a manifestar creencias no es un cheque en blanco; de hecho, el uso de prendas que ocultan el rostro choca frontalmente con la seguridad pública y la mínima necesidad de identificación en espacios comunes.
El contrapunto legal es claro. En España, el Tribunal Supremo anuló prohibiciones locales no porque el burka sea un derecho intocable, sino por una cuestión de competencias: esa regulación debe emanar de una ley estatal, no de un ayuntamiento. En Europa, la visión es más nítida: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha respaldado prohibiciones bajo el concepto de «convivencia» (vivre ensemble), al considerar que ocultar el rostro impide la interacción social mínima necesaria para la vida en comunidad.
Aquí entramos en la escalada de la paradoja. Si aceptamos que el dogma religioso está por encima de la norma civil, ¿dónde trazamos la línea? Bajo el paraguas de la fe y la tradición, en treinta países se sigue practicando la ablación —a veces con la participación directa de personal sanitario— alegando razones de religión, cultura o «higiene». ¿Deberíamos mirar hacia otro lado cuando los testigos de Jehová rechazan transfusiones vitales? ¿Y cuándo ciertas sectas prohíben la vacunación? ¿Qué tal si aplaudimos cuando algunas interpretaciones radicales justifican la «disciplina» física contra mujeres y niños como un derecho patriarcal otorgado por Dios? Incluso los matrimonios forzados y las «terapias de reorientación» sexual podrían encontrar su refugio en esta libertad de culto mal entendida. Al final, parece que para algunos la «tolerancia» consiste en permitir que el fanatismo nos dicte las normas de juego.
Resulta fascinante observar cómo el progresismo de salón ampara prácticas medievales con tal de no coincidir en un solo milímetro con lo que ellos denominan «la derecha». En esta ceguera selectiva, la protección de la mujer pasa a un segundo plano. Quienes se envuelven en la bandera de la libertad mientras se sostienen sobre quienes desprecian nuestra Constitución —cuando no son directos herederos del terror—, entran en contradicción dejando la soberanía de la ley decaer ante el dogma que les convenga. Alegan defensa de la convivencia para amparar al intolerante antes que marcar un límite ético común. Para ellos, parece que cualquier sumisión es aceptable si con ello se mantiene el cordón sanitario frente al adversario político. El muro como expresión de libertad se mimetiza con el burka que la encierra.
Creo que viene a cuento la cita de Karl Popper: «Si una sociedad es infinitamente tolerante, incluso con los intolerantes, los intolerantes acabarán destruyendo la sociedad y la tolerancia misma». Por eso, las democracias sanas establecen que la ley civil está siempre por encima de la ley religiosa.
¿Cómo lo ves, Yolanda? ¿Cómo lo ve usted, que amablemente lee mis textos? ¿Seguimos cediendo terreno con la excusa de la tolerancia o ponemos un límite claro a lo que amenaza la libertad de aquellos que «voluntaria y libremente» se someten a según qué dictados?
El burka, ¿elección de libertad o sumisión impuesta? Yo lo tengo claro.
Javier López-Escobar