El Vicepresidente 1º de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez y los procuradores, Elena Rincón y Javier Carpio han analizado hoy el proyecto de la nueva Ley de Atención integral a las víctimas de violencia de género, que ha aprobado la Junta de Castilla y León y con la que se amplía y refuerza la protección a las víctimas de violencia de género. Según han dicho “esta normativa reconoce nuevas formas de violencia, promueve una detección más efectiva y mejora la prevención de estas situaciones. También refuerza las actuaciones de concienciación contra la violencia de género dirigidas a toda la sociedad con especial atención a los jóvenes y adolescentes”.
Para los populares se trata de una Ley que moderniza y actualiza la vigente (Ley 13/2010, contra la violencia de género en Castilla y León), que supuso un gran avance en la lucha contra la violencia de género y en la atención integral a las víctimas en Castilla y León, pero que, transcurridos 14 años desde su entrada en vigor, había que modernizar y adaptar, tanto a la realidad actual, al incorporar las nuevas formas de violencia contra las mujeres y nuevos medios para ejercerla que han surgido, como a la nueva normativa nacional y europea dictadas en los últimos años.
La Ley presentada hoy por los parlamentarios del PP amplía su protección a más personas. Según indican los procuradores, esta normativa incluye a todas las mujeres, incluso las menores de edad, también a los menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia, así como a los familiares, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, que convivan con ella. Y también enmarca a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género en otro país y vuelvan a esta comunidad autónoma.
“Es una ley flexible que da cabida a las nuevas formas de violencia que existen actualmente y que puedan aparecer en el futuro, así como los nuevos medios para ejercerla. Por ello incluye la violencia digital que es la que se ejerce utilizando las tecnologías de la información y las redes sociales, la vicaria, que comprende la que se ejerce sobre los hijos y familiares o allegados a la mujer, sean menores o mayores de edad, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, con la finalidad de causarles perjuicio o daño.
Y también incluye la violencia de segundo orden, que es aquella de tipo física o psicológica, con represalias, humillaciones y la persecución ejercida sobre las personas que apoyan a quienes sufren la violencia de género, así como las acciones que impidan la prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas. Asimismo, incorpora el concepto de violencia contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que incluye las actuaciones como la mutilación genital, el matrimonio forzoso y la esterilización forzada.
El proyecto de Ley encomienda a la red de Servicios Sociales garantizar a las víctimas el derecho a la atención integral hasta la finalización del proceso de recuperación y prevé la formación específica para que sus profesionales sepan dar una respuesta eficaz ante estas situaciones.
En la provincia de Segovia se han atendido 16 llamadas y se han llevado a cabo 7 visitas presenciales de junio a diciembre de 2024. Además, en 2023, puesto que la recogida de datos de 2024 se está llevando a cabo, se han atendido a 20 personas en casas de acogida y centros de emergencia. En el programa de apoyo psicológico se han incluído a 41 personas, en el de orientación y acompañamiento júridico se han desarrollado 35 expedientes en 2023 y dentro del Proyecto Atrapadas han sido 18 mujeres las que han tendio que incluirse en él en 2023 con un total de 246 intervenciones (alojamiento, medicinas, productos de higiene, intervención psico-social).
