La decisión de cerrar la Fábrica de Borra y paralizar los talleres de empleo de Segovia no es un malentendido ni una cuestión técnica, sino la consecuencia directa de una voluntad política clara: desmantelar un modelo público de formación que ha funcionado durante décadas. Y esa voluntad quedó demostrada de forma inequívoca en el Pleno del 31 de octubre, cuando la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para reactivar el CIESS San Lorenzo —presentar los cursos FOD, solicitar los programas mixtos y garantizar la continuidad de este espacio imprescindible— quedó empatada y el alcalde decidió rechazarla ejerciendo su voto de calidad. Ese instante, ese gesto deliberado, marcó el cierre real de los talleres de empleo. No fue la Junta. No fue el SEPE. No fue falta de alumnos. Fue el alcalde. Solo él.
Sorprende el cinismo con el que después se ha intentado justificar esta decisión. Desde el equipo de gobierno se ha repetido, una y otra vez, que las plazas de los cursos no se cubrían, como si Segovia fuese una excepción en un país donde la demanda de formación pública en oficios crece año tras año. Es mentira. Estas escuelas-taller han tenido promociones repletas, con inserciones laborales del 75% al 100%. Y cuando ha habido menor demanda puntual en alguna especialidad, nunca ha sido un problema estructural, sino un síntoma natural del mercado laboral. Además, cuando se quiere que una oferta formativa funcione, se difunde, se impulsa y se acompaña. Lo que no se hace es ocultarla, no solicitar los programas y luego poner como excusa que “no había gente interesada”.
La segunda justificación es aún más grave: “No es una competencia municipal”. Con ese argumento, podríamos cerrar la mitad de los servicios de esta ciudad. El Ayuntamiento lleva casi cuarenta años desarrollando programas de empleo y formación, con cofinanciación autonómica y europea, porque son necesarios, porque funcionan y porque generan un retorno social y económico incuestionable. Hablar ahora de competencias es intentar disfrazar de legalidad una decisión puramente ideológica: la de desmantelar lo público para abrir espacio al negocio privado.
Y ahí entra la tercera excusa, la más reveladora: “Hay empresas privadas que ya se dedican a esto”. Justamente esa frase demuestra cuál es el verdadero problema. El objetivo no es mejorar la formación, sino favorecer a quienes pueden convertirla en un negocio. En lugar de defender un modelo público que forma a quienes más lo necesitan, que garantiza certificados profesionales y que ha demostrado eficacia durante décadas, el gobierno municipal prefiere que ese mismo servicio pase a manos de empresas privadas, aunque muchos segovianos queden fuera por motivos económicos o por falta de acompañamiento. Es una forma elegante de decir que los más vulnerables estorban si no generan beneficio.
Lo más indignante es que mientras se difunden estas excusas, se intenta invisibilizar el valor real de lo que se está destruyendo. La Fábrica de Borra no ha sido solo un centro de formación: ha sido una herramienta decisiva para mejorar Segovia. Sus talleres han rehabilitado edificios municipales, recuperado espacios públicos, reparado instalaciones, adecentado zonas verdes y contribuido al mantenimiento de equipamientos que todos utilizamos cada día. Han arreglado ropajes y vestuarios de eventos culturales, confeccionado o restaurado textiles tradicionales y prestado un apoyo silencioso pero fundamental a la vida cultural de la ciudad. Gracias a estos programas, Segovia ha mejorado su patrimonio, su estética urbana, su vitalidad comunitaria y su identidad. Todo ello con trabajo real, ejecutado por alumnos-trabajadores que aprendían mientras transformaban la ciudad con sus propias manos.
A esto se suma el impacto en sectores de enorme demanda, como la atención sociosanitaria. La Fábrica de Borra llevaba años formando a profesionales que encontraban empleo inmediatamente, que atendían a nuestros mayores, que sostenían la dependencia, que daban estabilidad y calidad a un sistema de cuidados cada vez más necesario. ¿De verdad alguien puede defender que en plena crisis demográfica Segovia tiene el lujo de renunciar a formar a estos trabajadores? ¿O simplemente prefieren que ese mercado, especialmente lucrativo, quede en manos privadas?
Todo lo que ha ocurrido apunta a una misma conclusión: no creen en estos programas ni en el valor de quienes pasan por ellos. No creen en el potencial de la formación pública. No creen que un joven sin oportunidades pueda encontrar su camino a través de un oficio. No creen que un desempleado de larga duración merezca una segunda oportunidad. No creen que la ciudad deba beneficiarse del trabajo de sus alumnos-trabajadores si eso no se traduce en contratos con empresas amigas o en grandes titulares propagandísticos. Lo que sí creen —y en eso no lo ocultan— es en favorecer a la iniciativa privada, incluso cuando eso supone desmantelar un servicio público que lleva décadas demostrando resultados.
Y por eso el alcalde votó en contra. Por eso utilizó su voto de calidad. Porque, al final, lo que estaba en juego no eran solo cursos, sino un modelo de ciudad. Un modelo que para nosotros significa igualdad de oportunidades, formación pública, cohesión social y mejora continua del espacio urbano. Y que para ellos significa gasto, estorbo y competencia con empresas privadas.
Segovia pierde con esta decisión mucho más que una escuela-taller. Pierde empleo, pierde formación, pierde talento, pierde patrimonio, pierde cultura, pierde capacidad de autonomía y pierde futuro. Y lo pierde no por falta de recursos ni por falta de demanda, sino porque Mazarías y su equipo no creen en todo lo que ese centro representa. Lo que han hecho no es cerrar un edificio: es cerrar oportunidades. Y lo han hecho de forma deliberada y conscientemente.
Clara Martín