El grupo municipal de Izquierda Unida solicitará a través de una moción que el Ayuntamiento exija al Gobierno de España una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, ante la masiva extinción de contratos de alquiler que van a afrontar más de un millón de hogares a lo largo de este año (en el que van a vencer más de 630.000) y de 2027.
Casi tres millones de inquilinas e inquilinos podrían quedar en una situación de incertidumbre y desamparo ante previsibles subidas muy significativas en los precios de la renta, lo cual obligará a muchas personas a tener que mudarse lejos de aquellos barrios y ciudades donde han establecido su vida o tienen a sus hijos e hijas escolarizados. Por ello, es fundamental aprobar una prórroga automática que evite una ola de precariedad.
En el caso de Segovia, según un reciente estudio de un conocido portal inmobiliario, entre enero de 2025 y enero de 2026 se produjo una subida del 12,8 por ciento en el precio del alquiler, siendo nuestra provincia la tercera de todo el país con el mayor incremento de las rentas. Según dicho estudio, los inquilinos pagan un precio medio de 12,6 euros por metro cuadrado en la provincia, el más elevado de la Comunidad Autónoma.
Los datos también arrojan que las familias de Segovia capital tienen que dedicar un 38 por ciento de su esfuerzo económico para pagar el alquiler, un dato muy por encima de la media del resto de capitales de provincias de la Comunidad, que bajan del 30 por ciento, umbral que los expertos consideran como límite recomendado para que la economía de las familias no se resienta. Segovia es la séptima capital de provincia de todo el país en la que se requiere mayor esfuerzo económico para alquilar.
Para Izquierda Unida, la propuesta del Gobierno de penalizar en el IRPF a los caseros que suban el alquiler es insuficiente y no repercutiría en la carga que soportan las personas inquilinas. La formación recuerda que hoy en día los propietarios que alquilen pueden aplicarse una reducción general del 50% del IRPF sobre los rendimientos netos obtenidos por el arrendamiento de una vivienda habitual.
Por lo tanto, la medida planteada por el PSOE simplemente supone una mera reducción de un privilegio con el que los caseros ya cuentan, por lo que no tendría un impacto real. En este sentido, la única iniciativa efectiva frente a una revisión arbitraria y desproporcionada de los precios del alquiler sería la prórroga de los contratos. La solución no puede ser únicamente la vía fiscal.
La moción incluye un segundo acuerdo para que la Junta de Castilla y León, de acuerdo a lo establecido en la ley 12/2023 por el Derecho a la Ley de Vivienda y en el marco de sus competencias, dé los pasos necesarios para declarar a Segovia como zona de mercado residencial tensionado.
IU recuerda que la declaración de dichas zonas constituye un instrumento esencial para intervenir de forma eficaz ante situaciones de subidas persistentes y desproporcionadas de los precios del alquiler, permitiendo la aplicación de medidas orientadas a garantizar el acceso a una vivienda digna en condiciones asequibles.
La formación defiende que la vivienda, tal y como recoge la Constitución, debe ser un derecho de todas las personas y no un medio para especular. Considera intolerable que en Segovia haya decenas de pisos de dos o tres habitaciones en alquiler por más de 2.000 euros, algo totalmente incompatible con la función social de la vivienda que defiende Izquierda Unida.
El grupo municipal presentará un ruego en el Pleno para que el equipo de Gobierno estudie posibles medidas de seguridad vial en carreteras de entrada y salida de la ciudad, como Vía Roma, u otras donde se considere oportuno actuar por su peligrosidad, como puede ser la carretera que atraviesa Revenga. La formación quiere que se intervenga en estos puntos tal y como recientemente se ha anunciado en la carretera de Villacastín.
El grupo municipal de IU aplaude que finalmente se pongan en marcha actuaciones de seguridad en dicha carretera, con lo que se da cumplimiento a una moción presentada por la formación en diciembre. Para IU era acuciante actuar en la zona ante la alta siniestralidad y el número de atropellos producidos durante los últimos meses, atendiendo así a las demandas que la asociación de vecinos del barrio había trasladado de forma insistente.
La formación solicita ahora que se planteen actuaciones en este sentido en otras vías de similares características, en las que los vehículos alcanzan altas velocidades y se incrementa el riesgo de accidentes o atropellos.
