Nos encontramos en pocas semanas o meses en un carrusel de citas electorales, siempre con relevancia, al menos en lo concerniente al asunto económico; que al fin y al cabo es el que nos permite tener controlada nuestra supervivencia.
En nuestro país, distribuido geográficamente en Comunidades Autónomas y con un sistema descentralizado en muchas competencias, el sistema de financiación en algunas de ellas, fue moneda de cambio para lograr cierto equilibrio político e institucional y que se creyó, que por mucho tiempo.
La situación económica de algunas de estas comunidades está generando desde hace años cierto balanceo en sus ajustes presupuestarios y de recaudación, poniendo en escena ahora determinadas condiciones para lograr mantener una difícil estabilidad del gobierno central existente.
Y no solamente por el control de sus finanzas para ejecutar sus necesidades presupuestarias; sino también para amortiguar, hasta donde puedan, la abultada deuda generada por acudir al fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Pero vayamos a comentar como afecta a nuestra vida el entramado económico susceptible de poder financiar los servicios y las necesidades públicas. En España, el Estado mantienen un control directo sobre buena parte de los rendimientos tributarios generados, si nos encontramos residiendo en una comunidad autónoma enclavada en el “régimen común” de financiación. Bajo este sistema, también llamado ordinario, se realiza un reparto de recursos y competencias tributarias, describiéndose una fórmula para financiar las necesidades de gastos y prestación de servicios, complementado con transferencias entre regiones y administración central, para igualar los recursos con los que cuentan territorios con distintos niveles de renta y paliar las desigualdades existentes entre sus necesidades de gastos y su capacidad fiscal.
Cuestión distinta es la forma de financiación de aquellos territorios donde se aplica un sistema foral o régimen de concierto, donde las haciendas territoriales recaudan la práctica totalidad de sus tributos, transfiriendo a la Hacienda Estatal una cuota para cubrir lo que les corresponde para sufragar los gastos del Estado y de la llamada nivelación interregional.
En cualquier caso, todas las comunidades autónomas desde 2012 tienen la posibilidad de acudir al FLA, para financiar sus necesidades y gastos, sin tener que acudir a mercador exteriores, donde no siempre es posible dada la poca o nula solvencia que algunas comunidades detentan. Sirva como ejemplo Cataluña, C.Valenciana y Andalucía, con una deuda registrada en el FLA de 73.110,00 , 48.344,00 y 25.409,00 millones de euros respectivamente en la zona alta de la tabla y por el contrario, Asturias, la Rioja y la comunidad de Madrid con un registro de 858,00 , 805,00 y 0,00 millones de euros, respectivamente en la zona más baja.
En la moneda de cambio ofrecida en alguno de los procesos electorales que nos vienen y por determinadas fuerzas políticas, se ha indicado, por una parte, la desafección de una parte de esa deuda generada; en resumen, una quita de deuda e intereses y lógicamente con la reducción, en el Fondo, proporcional de la deuda de todas y cada una de las comunidades autónomas que ya han empezado a reclamar. Y por otra, acompañada de una modificación en el Sistema de Financiación Autonómica, donde determinadas regiones pudieran llegar a controlar incluso el cupo que deben aportar para sufragar las desigualdades territoriales existentes sin conocer a ciencia cierta cual seria los compromisos de las restantes.
Es en el esta última donde radica el meollo de la cuestión, que independientemente de aspectos de carácter inconstitucional, supone dar el golpe de gracia a un sistema de financiación ya maltrecho, cuestionado y pendiente de reforma desde hace más de una década. Si el Gobierno Autonómico ahora reclamante y dentro de sus peticiones electorales para el sustento del homónimo Central lo consiguiera, su aportación a la caja común de sustentación de los gastos públicos desapareciera o se sustituyera por una contribución de solidaridad previsiblemente más baja, el resto de las autonomías verían recortados sus servicios públicos. ¿Y quién lo sufriría?, pues en primer lugar y con datos de 2021, Andalucía a la que seguiría Canarias, Galicia, Castilla la Mancha, Valencia y Castilla y León. No así Madrid y Baleares y la reclamante Cataluña que son contribuyentes netas, es decir que aportan más que reciben.
Si eso se produjera, expertos de la Agencia Tributaria y de diferentes entes de carácter económico indican que tener la “llave de la caja “provocaría aumentar más los desfases presupuestarios de Cataluña y de las demás Comunidades Autónomas, provocando más déficit público, más endeudamiento, menor crecimiento y por ende menor PIB. Sin entrar en la diminución o desaparición de las ayudas públicas que vertebra el Estado. Y por supuesto la calidad crediticia el Reino de España se vería mermada, y nos abocaremos a una situación bien distinta de la ahora venimos “disfrutando” gracias a la autoridad monetaria europea y que afectara, no lo duden a nuestra propia supervivencia.
Mario Sastre de la Calle
