El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este jueves que pondrá sus competencias a disposición de los consistorios para trabajar conjuntamente en la identificación de viviendas turísticas no habilitadas para este fin. Ante esta circunstancia, el grupo municipal de Izquierda Unida pide al equipo de Gobierno municipal que recoja el guante del Ministerio y se sume a la investigación puesta en marcha sobre anuncios que se publican en plataformas de alquiler turístico de viviendas que no disponen de licencia para dicho servicio.
El Ministerio de Pablo Bustinduy (SUMAR) ha enviado una carta a la FEMP para ofrecer a los municipios la posibilidad de unirse a las acciones emprendidas para poner fin a la publicidad de alojamientos turísticos ilegales. Para IU, el Ayuntamiento debe aprovechar esta oportunidad e iniciar una colaboración entre administraciones para abordar un problema que está afectando gravemente a nuestra ciudad y que, como indican desde Consumo, supone una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y una práctica comercial desleal.
Izquierda Unida recuerda que la alta presencia de pisos turísticos y la especulación inmobiliaria son dos de las principales causas del grave problema de acceso a la vivienda y el altísimo precio de los alquileres en nuestra ciudad. En el municipio se ofertan al menos 130 viviendas para fin turístico, pero las que están registradas, según datos de la Junta de Castilla y León, son en torno a 20. Además, Segovia ha sido varias veces noticia por ser la ciudad con mayor aumento de los precios del alquiler, situación motivada también por la presencia de alumnado de la IE Universidad.
IU insiste en que el Ayuntamiento, además de abrazar esta iniciativa del Ministerio, debería replantearse su negativa a solicitar la declaración de Segovia como zona tensionada, algo que permitiría la toma de medidas para el control a los precios del alquiler y la corrección de los desequilibrios en el mercado de vivienda.
