La Constitución Española en su artículo 20, reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión.
Desde octubre de 2020 existe en España un “procedimiento de actuación contra la desinformación”, aprobado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (BOE núm. 292, de 5 de noviembre de 2020).
El informe sobre “Tratamiento penal de las fake news”, realizado por la Fiscalía General del Estado en abril de 2020, recoge algunos posibles tipos penales que protegen a los ciudadanos frente a las noticias falsas o difamaciones: los delitos de odio, el descubrimiento y revelación de secretos, los desórdenes públicos, injurias y calumnias, delitos contra la salud pública y delitos contra el mercado y los consumidores.
“Cuanto mejores son las condiciones de la democracia en un país, menores son las posibilidades de censurar los mensajes circulantes en la esfera pública, menores las opciones de intervención de arriba a abajo sobre la comunicación pública y mayor la responsabilidad de los medios, los verificadores y los ciudadanos sobre la circulación —o no— de las campañas de desinformación en el tejido social.”
Este párrafo procede del informe “El impacto estratégico de la desinformación en España”, publicado en febrero de 2024 por Ángel Badillo y Félix Arteaga, de IBERIFIER (Iberian Digital Media Research and Fact-Checking Hub), con financiación de la Comisión Europea.
Siendo aquello indudablemente cierto, bien podríamos afirmar que cuanto mayores son las posibilidades de censurar los mensajes circulantes en la esfera pública, peores son las condiciones de la democracia en un país. Es evidente que, a menor libertad de expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones, de palabra, por escrito o mediante cualquier otro medio, peor será la de la calidad de un sistema democrático. Este es un indicador muy fiable y universalmente admitido.
Según el último “Índice de Democracia 2023”, publicado por la prestigiosa revista “The Economist”, considerada por el propio Pedro Sánchez como fuente fiable y muy prestigiosa, España vuelve a estar entre los países considerados democracias plenas. Está en el puesto 23, justo por encima de Chile, nación que inicia la lista de las democracias consideradas defectuosas y que, en 2021, tras la gestión de la pandemia, encabezó nuestro país.
En la 32ª edición de su Informe Mundial, la organización “Human Rights Watch” examina las prácticas de derechos humanos en los casi 100 países donde la trabajan. En ese documento puede leerse la siguiente consideración: “Una democracia que se precie exige no solamente elecciones periódicas, sino también un debate público libre, una sociedad civil saludable, partidos políticos competitivos y un poder judicial independiente capaz de defender los derechos individuales y de hacer que los funcionarios se atengan a la ley. Como si todos siguieran el mismo manual, los autócratas caen, indefectiblemente, en ataques a estos agentes que imponen limitaciones a su poder: periodistas independientes, activistas, jueces, políticos y defensores de derechos humanos”.
Como ve, hoy opino poco, me he limitado a extraer algunos párrafos de documentos actuales, procedentes de fuentes de toda solvencia y reconocido prestigio, con los que aportar un contexto que enmarque la realidad, frente a la particular visión que, tras su retiro voluntario, plantea el presidente del gobierno de España al respecto de la libertad de expresión y la regeneración democrática. Creo que la conclusión es evidente… ¿O no?
Javier López-Escobar
