En enero de 2014 los medios de comunicación andaban enredados con la comparecencia de la Infanta Cristina ante los tribunales a cuenta del “caso Noos”. El diario El Mundo explicaba que, entre otros, la asociación “Jueces para la Democracia” había pedido no «esconder» la declaración de la Infanta imputada, pues según su portavoz de entonces, Joaquim Bosch, «la imputación es un hecho público y, por tanto, los medios de comunicación y la sociedad tienen el derecho a conocer dicha circunstancia. No queda justificado, como quiere el ministro, que se proteja a la Casa Real hasta el extremo de esconder que la Infanta va a declarar al juzgado».
En el mismo diario se puede leer que la portavoz parlamentaria del PSOE, Dª Soraya Rodríguez, aseguró escueta pero rotunda: «Todos los españoles somos iguales ante la ley y hay que actuar en consecuencia».
Cerca de 200 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado fueron movilizados en los alrededores de los juzgados de Palma, para mantener el orden y velar por la seguridad de la Infanta. Ella llegó en coche y pudo ser fotografiada por 150 periodistas, del total de 300 acreditados para la ocasión, al bajar del mismo y acceder al tribunal.
Parece que por entonces había acuerdo sobre este asunto y nadie, salvo el ministro, entendía que se hubiera de dar trato privilegiado a una Infanta de España. Al final el tribunal dictaminó que no pudo acreditarse que Cristina participara en los delitos fiscales de los que se la acusaba, absolviéndola e imponiéndole una multa considerablemente inferior a la solicitada por el entonces llamado “sindicato de funcionarios Manos Limpias”, sin apelativos a la ultra diestra o siniestra.
Con la reforma del código penal en 2015 se cambió el término ‘imputado’ por ‘investigado’, eufemismo que pretende descargar a los acusados de culpa, mientras no se demuestre lo contrario, que es lo que todo estado democrático y de derecho defiende como principio básico, aunque no pocas veces se infringe. La antigua costumbre del linchamiento público ha pasado del ahorcamiento o lapidación popular, a la algarada en la que se insulta al reo, al tiempo que se le arroja algún objeto como desahogo de la ira del pueblo, lo que no deja de ser un avance, pero no como para sentirnos orgullosos.
Recientemente la esposa del presidente del Gobierno de España, que en nuestro Estado no ostenta cargo ni responsabilidad institucional alguna, por mucho que Patxi López se empeñe en lo contrario, se ha visto en la penosa obligación de comparecer ante un tribunal, en calidad de investigada, por unos supuestos ilícitos que dice desconocer, pero de los que se declara inocente. Ya se verá si ha delinquido, o sólo ha abusado de su posición, o simplemente es una excelente empresaria y acreditada captadora de fondos. En su momento sabremos si debe penar, ser multada, absuelta u homenajeada.
Hoy por hoy, ella es tan inocente como Camps antes de poner el pie por primera vez ante un juez, y quizá algo menos de que éste fuera absuelto en todas las causas a las que hubo de enfrentarse, sin que se le ahorrara ni un gramo de calvario de la llamada “pena del telediario”, ni un centímetro del paseíllo público, ni un minuto de escarnio político. El magistrado competente lo dirá.
No me parece mal que se vele por la seguridad de Begoña Gómez, ni que se le libre del paseíllo ante los linchadores vocacionales, que suelen acudir a desfogarse a la sombra de las audiencias provinciales de toda España. También en esta ocasión cerca de 200 agentes del orden han sido destinados a tal cometido.
¿Qué opino yo de todo esto?, pues creo que en un país civilizado debería ser innecesario proteger a los que son citados ante un tribunal, porque la gente confiaría en la justicia y la dejaría hacer su labor. No aporta nada un grupo de exaltados vociferando violentamente al otro lado de la acera, obligándonos a todos a malgastar los recursos públicos destinando policías que hacen falta en muchos otros sitios.
Dejemos que la directora de la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva acuda paseando tranquilamente a prestar declaración, evitemos interferir en la acción de la justicia, dejemos trabajar a la corte. Tanto si resulta formalmente acusada e incluso condenada tras un juicio oral, como si se archiva la causa, los ciudadanos seguiremos teniendo la última palabra y el derecho a expresarla, sin necesidad de parecer el público del coliseo, sediento de sangre, reclamando la muerte de los cristianos en la arena.
Llegará el momento de votar y ahí tendremos en nuestra mano el fiel de la balanza y podremos ejercer nuestro derecho soberano a proclamar nuestra valoración de lo sucedido. Yo lo tengo claro.
Javier López – Escobar
