El Consejo Económico y Social (CES) acaba de emitir un informe en el que asegura que a pesar del dinamismo de la actividad económica, la inversión se mantuvo débil a lo largo de 2023, con un avance interanual del 0,8 por 100, que la sitúa todavía un 3,5 por 100 por debajo del nivel de 2019. Por componentes, solo creció la construcción, frente a un retroceso de la inversión en maquinaria y bienes de equipo y el estancamiento de los productos de la propiedad intelectual. En este contexto, el esfuerzo inversor, entendido como la formación bruta de capital fijo en porcentaje del PIB, se redujo ocho décimas respecto al año anterior hasta situarse en el 19,3 por 100. En relación a 2019, el peor desempeño lo muestra la inversión el material de transporte, que cae un 25 por 100, lastrada en gran medida por las incertidumbres que atraviesa la industria del automóvil en el contexto del proceso de transición energética. Le sigue la inversión en vivienda, que permanece un 7 por 100 por debajo del periodo prepandemia, mientras que la formación bruta de capital fijo (FBCF) en productos de propiedad intelectual lo supera en un 8,5 por 100.
Las empresas son las que más han reducido su nivel de inversión en los últimos años: un 0,7 por 100 en 2023 y un 17 por 100 respecto a 2019. En consecuencia, su participación sobre la inversión total cae 10 puntos porcentuales y su esfuerzo inversor 2,5 puntos, hasta situarse en el 12 por 100 del PIB. Desde la irrupción de la pandemia en 2020 han sido varios los elementos que han afectado negativamente a la formación bruta de capital fijo de las sociedades no financieras, algunos de los cuales ya se habrían superado, mientras que otros permanecen. Entre los primeros, cabe destacar la caída de la demanda global durante la fase más crítica de la pandemia, una elevada incertidumbre, o las disrupciones en las cadenas globales de valor, con escasez de suministros y problemas en el transporte de mercancías, el encarecimiento de la energía y de otras materias primas. Por su parte, los factores que explicarían en mayor medida la evolución de 2023 serían la subida de tipos de interés -con el consiguiente endurecimiento de las condiciones financieras, las mayores dificultades de acceso a la financiación y el incremento de los gastos financieros de las empresas-; la debilidad de la economía europea; o la persistencia de elevados niveles de incertidumbre en diversos ámbitos, que van desde la geopolítica a la situación de inestabilidad política que atraviesa España. Además, los fondos Next Generation EU no estarían teniendo todavía el impacto tractor esperado sobre la inversión privada.
Por el contrario, la inversión de las Administraciones públicas creció un 12,5 por 100 en 2023 y un 36,3 por 100 respecto a 2019, propiciando un aumento de su esfuerzo inversor hasta el 3 por 100 del PIB. A pesar de ello, aún no se habría recuperado de los recortes llevados a cabo durante el proceso de consolidación presupuestaria iniciado en España en el año 2010, que redujo el esfuerzo inversor público desde el 5,2 por 100 de 2009, al 2 por 100 en 2016, con la consiguiente pérdida de dotación física de capital público.
En este contexto, cabe esperar que a medida que vaya materializándose la ejecución de los proyectos de inversión del PRTR y disipándose el elevado nivel de incertidumbre, mejore la inversión empresarial -especialmente en maquinaria, bienes de equipo e intangibles- necesaria para afrontar las transiciones verde y digital, y para mejorar la productividad de la economía española. Además, sería conveniente que la estrategia fiscal que finalmente se establezca para corregir el déficit en el medio plazo sea compatible con el mantenimiento de unas adecuadas dotaciones de inversiones públicas productivas.
