El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente ha participado esta mañana, con sus homólogos en las nueve provincias de Castilla y León, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el acto de firma de dos protocolos sobre vivienda pública que persiguen la fijación de población en el medio rural, haciendo especial hincapié en los jóvenes. Así, el presidente autonómico ha anunciado la construcción de mil viviendas públicas para jóvenes en el medio rural con una inversión de 150 millones hasta 2030, de manera que la Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales asumirán la bonificación del 20% en la compra de estas viviendas para menores de 36 años, con un coste estimado de casi 30 millones de euros. Por otro lado, se pondrán a disposición y régimen de alquiler social 88 nuevas viviendas en los pueblos de la Comunidad dentro del programa `Rehabitare´, por un importe de 9 millones de euros. En cuanto a nuestra provincia, se construirán en torno a un centenar de viviendas y se rehabilitarán ocho viviendas al año con el programa ‘Rehabitare’ hasta 2023.
Para Miguel Ángel de Vicente, esta firma es una muestra más de que “el Gobierno autonómico ofrece una política de vivienda seria y útil para fijar población, propiciando oportunidades de emancipación para los más jóvenes con ayudas reales y directas”. Con estos acuerdos, la Junta y las diputaciones provinciales dan un paso más para facilitar el acceso a una vivienda a los jóvenes, tanto en régimen de compra como de alquiler.
Estas iniciativas se suman a otras ya en marcha, como las ayudas directas al alquiler, que benefician a 18.000 familias; distintos beneficios fiscales; y los avales para la compra en el parque de vivienda pública. Con las viviendas de promoción pública que la Junta construye en la Comunidad, junto a las del patrimonio municipal ya rehabilitadas y a las que se crearán de la mano de las diputaciones, Castilla y León tendrá un gran parque público de vivienda al servicio de los jóvenes y las familias más vulnerables.
Por último, en el próximo mes y, al amparo de estos protocolos, se constituirán sendos grupos de trabajo, en los que participarán técnicos de ambas administraciones que analizarán las necesidades de vivienda pública, así como todas las cuestiones relacionadas con la interpretación del protocolo, actuando como medio de intercambio de información y coordinación en esta materia. Por todo esto, De Vicente se ha sumado a la opinión del presidente autonómico subrayando que los protocolos hoy suscritos “son un magnífico ejemplo de colaboración entre administraciones y de la apuesta de la Junta de Castilla y León por el medio rural, con el objetivo de atraer actividad económica y empleo”.
