Segovia en Marcha (Podemos – Av) ha denunciado un posible caso de conflicto de intereses que podría comprometer la transparencia y la legitimidad en la gestión del Ayuntamiento de Segovia. Su portavoz, Guillermo San Juan, ha señalado que Rosalía Serrano, primera teniente de alcalde y miembro del Partido Popular, podría haber ocultado su relación directa con varias empresas inmobiliarias mientras participa de forma activa en decisiones clave sobre urbanismo y vivienda en la ciudad.
Según ha recordado el portavoz, distintos medios de comunicación han publicado recientemente que Serrano figura como administradora de, al menos, tres sociedades dedicadas a la compraventa y alquiler de inmuebles, de acuerdo con los datos del Registro Mercantil. Sin embargo, esta información no habría sido declarado y se habría omitido deliberadamente, lo que podría suponer una infracción muy grave del deber como concejala además de una posible vulneración del régimen de incompatibilidades de los cargos públicos.
“Rosalía Serrano no solo ha estado votando mociones y medidas urbanísticas de gran calado para el presente y el futuro de Segovia, sino que lo ha hecho mientras mantiene intereses directos en empresas inmobiliarias que pueden beneficiarse de esas decisiones. Esto se tiene que clarificar porque es extremadamente grave y compromete la credibilidad de cualquier política de vivienda que se apruebe con su participación”, ha denunciado San Juan.
El portavoz ha subrayado que Serrano percibe actualmente un salario de 55.000 euros anuales procedente de las arcas municipales. A su juicio, de confirmarse los hechos, podría estar incurriendo en una clara incompatibilidad legal, además de una falta de transparencia que daña la confianza de la ciudadanía en sus representantes públicos.
San Juan ha recordado que Segovia en Marcha registró el pasado 25 de abril una pregunta formal dirigida al alcalde, José Mazarías, sobre su postura acerca de la ocultación de intereses privados para conocer su postura y saber si considera compatibles estos cargos privados con las funciones públicas que desempeña Serrano. “Dos meses y medio después, la contestación del alcalde ha sido la callada por respuesta. El silencio más absoluto”, ha lamentado el edil.
Por este motivo, Guillermo San Juan exige que el Pleno del Ayuntamiento de Segovia se pronuncie y evalúe de forma rigurosa si se ha producido una ocultación de información, un conflicto de intereses o una posible vulneración de la ley de incompatibilidades. Además, pide que se depuren todas las responsabilidades políticas que puedan derivarse de este caso.
“No podemos permitir que los intereses privados influyan en la política de vivienda de Segovia, especialmente en un contexto en el que acceder a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas para la mayoría de segovianos y segovianas. Es imprescindible garantizar que quienes toman decisiones en materia urbanística lo hagan de forma imparcial y en beneficio del interés general, no de negocios particulares”, ha concluido San Juan.
Segovia en Marcha reitera su compromiso de seguir vigilando la transparencia y la rendición de cuentas en el Ayuntamiento, y confía en que esta denuncia sirva para abrir un debate público que ponga fin a posibles prácticas opacas y refuerce la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
