La portavoz del grupo municipal del PSOE, Clara Martín, ha informado en rueda de prensa sobre el expediente urbanístico vinculado al Decreto de Alcaldía nº 3.369, firmado por el alcalde el 19 de junio de 2025, para la regularización de una actividad y la legalización de unas obras ejecutadas sin licencia.
Martín ha explicado que, aunque desde el grupo municipal conocen los detalles del expediente y quiénes son los promotores, no pueden dar esa información por no estar autorizados. Sin embargo, ha subrayado que es fundamental que el alcalde, José Mazarías, aclare si, al firmar este decreto, conoce realmente quién está detrás de las obras ejecutadas sin la correspondiente autorización y que han desatendido de manera reiterada los requerimientos del Ayuntamiento desde abril de 2023.
La portavoz ha insistido en que el PSOE defiende que la legalidad urbanística debe cumplirse sin excepciones, porque el interés general de la ciudad debe primar sobre cualquier interés personal o empresarial, y ha solicitado expresamente que se modifique el decreto, que es público, ya que contiene un error importante.
Según ha explicado, la empresa constructora que figura en el decreto de Alcaldía y que habría ejecutado las obras sin autorización y que ha desatendido de forma reiterada los requerimientos de los técnicos municipales no es la propietaria del inmueble ni la promotora real de la actuación (construcción de 18 trasteros), sino que actúa en calidad de representante de la sociedad promotora, tal como figura en la declaración responsable presentada inicialmente.
Martín ha insistido en que, si el expediente hubiera reflejado correctamente al promotor, podrían desvelar esa información, pero que, en todo caso, corresponde al alcalde, como responsable de la firma del decreto y máxima autoridad municipal, corregir este error y explicar a los segovianos, mediante un nuevo decreto, quién es realmente el responsable de estas actuaciones urbanísticas, que han mantenido pendiente a los técnicos municipales y a otros propietarios de un expediente complejo lleno de irregularidades durante los dos años del Gobierno en el Ayuntamiento del PP.
Clara Martín ha recordado que desde el Grupo Municipal Socialista se ha tenido acceso al expediente hasta en tres ocasiones, dos de ellas en el último trimestre de 2024 y otra el pasado 18 de junio de 2025, justo el día anterior a la firma del decreto, y ha subrayado la coincidencia de que varias reactivaciones del expediente se han producido tras las consultas del grupo municipal.
La portavoz ha detallado que el 17 de febrero de 2023 se presentó una declaración responsable para ejecutar 18 trasteros, figurando una sociedad promotora y la empresa constructora como representante, y que diez días después, el 27 de febrero, el técnico municipal emitió un informe desfavorable por no ajustarse a la legalidad urbanística.
El 13 de abril de 2023, el jefe de Urbanismo remitió un requerimiento a la empresa representante, y no al promotor, indicando expresamente que no quedaban legitimadas para ejecutar las obras, que debían presentar la documentación requerida en el plazo de diez días y que, de ejecutarse, podrían imponerse sanciones de entre 1.000 y 300.000 euros.
Martín ha explicado que, a pesar de que el requerimiento indicaba que transcurridos tres meses sin respuesta el expediente caducaría, la documentación se presentó casi un año después, el 7 de marzo de 2024, y fue evaluada por técnicos, resultando nuevamente insuficiente, lo que llevó a nuevos requerimientos el 20 de septiembre y el 22 de noviembre de 2024, reiterando la paralización de las obras y la presentación de documentación, pero manteniendo plazos de solo diez días y sin incoar procedimiento sancionador efectivo.
Desgraciadamente, no se cumplen los plazos y son los técnicos municipales los que ante la falta de información cierran una fecha con la propiedad para una inspección técnica el 11 de abril de 2025.
En esta inspección se constató que los trasteros estaban finalizados aunque la instalación eléctrica no era operativa, lo que demuestra que se desoyeron los requerimientos y se continuó con las obras.
Posteriormente, el 29 de mayo de 2025, la empresa constructora, representante de la propiedad, presentó una documentación parcial, que se informa, por parte de los técnicos municipales, a través de un nuevo requerimiento que es el que da forma el decreto emitido el 19 de junio de 2025. Este decreto es el que marca el inicio del procedimiento de regularización, pero hasta la fecha las obras, al menos que sepa este grupo municipal, no han sido legalizadas y el procedimiento sigue abierto. Llama la atención que este decreto se firma un día después de que el grupo municipal del PSOE tuviera acceso al expediente urbanístico.
Martín ha enfatizado que, durante todo este proceso, se han sucedido hasta cinco requerimientos, reiterando que los técnicos municipales advertían siempre de la necesidad de paralizar las obras y de las posibles sanciones económicas, pero nunca se aplicaron.
“Durante más de dos años se han sucedido hasta cinco requerimientos municipales para paralizar las obras y aportar la documentación necesaria. Todos ellos han sido desoídos. Y a pesar de ello, la inspección de abril de 2025 constató que los trasteros estaban terminados. Esto demuestra que se ha actuado con absoluto desprecio hacia la legalidad urbanística”, ha declarado Clara Martín.
“En todos los requerimientos se dice lo mismo: que se paralicen las obras porque no están legitimados, que hay un plazo de diez días, que se inicia el procedimiento de restauración de la legalidad… y que, sin perjuicio de incoar el procedimiento sancionador correspondiente, están previstas sanciones económicas. Dicen ‘sin perjuicio de incoar’, pero no dicen que lo vayan a hacer”, ha añadido.
“Exigimos que se rectifique el decreto, se haga público quién es el verdadero promotor de estas obras y que el alcalde explique por qué, tras más de dos años de incumplimientos, se ha optado por iniciar un procedimiento de regularización sin aplicar las medidas correctivas necesarias”, ha subrayado.
Es el alcalde, a juicio de este grupo municipal, quien debe aclarar públicamente por qué se ha tomado esta decisión, qué criterios se han seguido y qué medidas se van a adoptar para que una situación así no se repita.
Si existe cualquier relación o circunstancia vinculada con personas del equipo de Gobierno, es el alcalde quien debe aclararlo y, llegado el caso, asumir las consecuencias políticas correspondientes.
La decisión de legalizar unas obras debe ser explicada con claridad. No se trata de un trámite menor, sino de un decreto que compromete la confianza de la ciudadanía en la gestión del Ayuntamiento, y más aún si puede haber personas de su equipo de Gobierno vinculadas a este expediente.
El alcalde lleva dos meses escondido, sin dar ni una sola explicación pública a las cuestiones vinculadas con su primera teniente de alcalde. No hay una sola respuesta contundente, no hay un solo informe que diga que la situación de Rosalía Serrano, que ha ocultado a los segovianos y a sus propios compañeros durante dos años, ha sido conforme a la ley de transparencia. Tampoco hay un informe en donde se aclare si esas sociedades tienen vinculación con el Ayuntamiento. Quieren pasar página sin más, como siempre hace el PP, sin asumir responsabilidades políticas de ningún tipo.
“Seguimos reclamando explicaciones sobre la situación de la concejala Rosalía Serrano, que durante dos años ha ejercido como administradora única de sociedades vinculadas a cuestiones urbanísticas mientras era concejala de este Ayuntamiento. Esto podría suponer una clara incompatibilidad, y exigimos que se aclare mediante los informes técnicos y jurídicos correspondientes”, ha indicado.
“Ya hemos pedido dimisiones en otros casos, como en el mercado de Navidad o en la situación de la concejala Serrano, y no dudaremos en volver a hacerlo si se confirma que todo este proceso ha beneficiado a una sociedad privada en la que esté implicada algún miembro del equipo de Gobierno en detrimento del interés general de los segovianos”, ha concluido. “Los segovianos merecen un gobierno transparente y un alcalde que defienda el interés general, no intereses privados”, ha subrayado Clara Martín
