Cada cierto tiempo resurge un mantra: “sobran políticos”. Una de las leyendas urbanas más resistentes asegura que estamos invadidos por una casta política con sueldos de oro y pensiones vitalicias. Suena bien para la sobremesa, pero creo que va siendo hora de separar la realidad del comentario de barra de bar.
España cuenta con 8.132 municipios en total, la gran mayoría pequeños; solo cinco superan los 675.000 habitantes. Castilla y León ostenta el récord con 2.248, el 27% del total nacional, de los que 719 no llegan a los cien habitantes.
Aquí es donde el relato del político opulento choca de bruces contra el muro del dato. En menos del 10% de los pueblos, los alcaldes superan los 30.000 euros brutos al año. El 60% de los ediles carece de sueldo asignado y, como mucho, cobra por asistencia a plenos y lo justo para pagarse parte de la gasolina.
Que nadie se confunda, no estoy tallando imágenes de mártires para un retablo ni sacando santos en procesión. Solo quiero señalar que el concejal que trabaja «gratis» no renuncia a los emolumentos por caridad, sino porque la caja del ayuntamiento suele tener telarañas. No es solo virtud, es una precariedad institucional crónica que España arrastra desde hace siglos y que nadie termina de remediar. Si tiene curiosidad por conocer los presupuestos que se manejan en los municipios de España, puede consultarlos fácilmente en diferentes fuentes: son públicos.
El alcalde de un pueblo no es un arcángel, pero podemos verlo como una navaja suiza, un gestor multiusos. Debe saber de urbanismo, de leyes, de fiestas patronales y de saneamiento, a menudo sin equipo técnico de apoyo. Se enfrenta a la complejidad técnica de gestionar servicios básicos (agua, basura, circulación) con presupuestos irrisorios y con la única ayuda del secretario municipal (si es que no está compartido con otros tres o cuatro pueblos de la zona).
Esto es política sin filtro, es la más cercana a la calle. Alcaldes y concejales viven rodeados de sus vecinos: los ven a diario, les paran por la calle, los buscan en el ayuntamiento y les trasladan cualquier queja, sea o no de su competencia. Comparten la cola del supermercado con quien espera una licencia de obra o con quien se queja del precio del recibo de basuras. Aguantan con paciencia la mirada del vecino cabreado mientras compran el periódico. Están permanentemente sujetos a la rendición de cuentas, mucho más exigente que cualquier sesión de control parlamentaria.
Habrá notado un detalle: hasta ahora no he gastado ni una línea en hablar de izquierdas o derechas. Deliberadamente he obviado esa polarización que hoy lo invade todo como una mancha de aceite. En la mayoría de los municipios, las siglas se diluyen como un azucarillo en la leche caliente. Casi nadie vota a un logo: se vota a Manolo o a María. Se vota –o se castiga– al conciudadano que conoces, independientemente de la bandera que enarbole. Y eso, en los tiempos que corren, es un ejemplo del que aprender.
Y, volviendo a la realidad, el alcalde medio no es un ser de luz. Es ese conocido con el que te tomabas el aperitivo el domingo, con el que comentabas la marcha del equipo de fútbol local o el horario de extraescolares de los niños y que, por algún extraño cruce de cables, ha decidido complicarse la vida presentándose a unas elecciones. Lo hace con sus aciertos, sus errores y sus ambiciones personales, sí, pero asumiendo una carga de gestión pública esencial que pocos quieren.
¿Ve la fragilidad del invento? Si ese 60% de concejales que no cobra ni un céntimo dejara de trabajar mañana, la maquinaria administrativa de la España real colapsaría en menos de 24 horas. ¡Ríase usted del apagón de abril de 2025!
La política municipal no es un privilegio: es un servicio. Y quienes lo prestan, bien o mal, merecen al menos una cosa: nuestro reconocimiento. La próxima vez que vea un alcalde o un concejal, trátelo con respeto, aunque solo sea por precaución: recuerde que es el único dispuesto a aguantarnos a usted y a mí… y a arreglar la avería de la farola por el mismo precio.
Javier López-Escobar