La Federación Empresarial Segoviana (FES) expresa su respaldo a la posición de CEOE y de su presidente, Antonio Garamendi, ante las medidas económicas aprobadas por el Gobierno en periodo electoral, especialmente la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La patronal segoviana reclama que las decisiones que afectan al empleo y a la actividad empresarial se adopten mediante un diálogo social y con una evaluación de sus consecuencias.
El Consejo de Ministros aprobó el 17 de noviembre un incremento del SMI del 5,3 %, hasta los 1.286 euros mensuales en catorce pagas, con efectos desde el 1 de enero de 2027. FES comparte el rechazo de CEOE a la falta de una negociación real con las organizaciones empresariales, por lo que se considera una utilización electoral de este tipo de decisiones. Es una medida que entrará en vigor en 2027, por lo que lo razonable sería que lo apruebe el Gobierno resultante de las urnas.
El presidente de FES, Andrés Ortega, considera que las empresas necesitan poder planificar su actividad. “Una decisión que modifica los costes laborales debe negociarse con quienes crean y mantienen el empleo, con información suficiente y atendiendo a la realidad de cada sector”, explica.
La Federación defiende que la mejora de los salarios debe acompañarse de avances en productividad y de condiciones que permitan sostener el empleo. En el caso de Segovia, pide prestar especial atención a las pequeñas empresas y a las actividades intensivas en mano de obra, por su mayor exposición a los incrementos de costes.
En esta línea, FES respalda también la reclamación de CEOE para que las administraciones articulen mecanismos de actualización de los contratos públicos que permitan recoger las subidas salariales. Las empresas adjudicatarias afrontan mayores gastos mientras los importes de sus contratos permanecen invariables desde hace tiempo, una situación que compromete la viabilidad de los servicios. De ahí que muchas licitaciones públicas queden desiertas.
“La Administración debe asumir también las consecuencias económicas de las decisiones que adopta. Las empresas que prestan servicios públicos necesitan contratos que contemplen los costes laborales que están obligadas a pagar”, sostiene Ortega.
En materia fiscal, FES comparte la petición de deflactar la tarifa del IRPF para evitar que la inflación eleve la carga tributaria sin una mejora equivalente del poder adquisitivo. También reclama que se valore el efecto de los mayores costes de contratación sobre las familias que recurren a servicios de cuidados.
La seguridad jurídica constituye otra de las preocupaciones de la Federación. En relación con la regulación de los centros de datos, FES respalda la demanda de CEOE de contar con normas previsibles y coherentes con el marco europeo. Pide evitar cambios con efectos retroactivos que puedan alterar compromisos contractuales y frenar proyectos de inversión.
Por todo esto, la Federación cuestiona que se impulsen medidas de gran alcance económico con las Cortes disueltas y en plena campaña electoral. En línea con la posición expresada por Garamendi, Andrés Ortega pide que el Gobierno que resulte de las elecciones revise las decisiones adoptadas en este periodo y recupere una interlocución efectiva con los agentes sociales.
“Respaldamos a CEOE en la defensa del diálogo social y de la seguridad jurídica. Quien gobierne debe escuchar a las empresas y facilitar que puedan invertir y generar empleo. Esa será nuestra exigencia con independencia del resultado electoral”, concluye Andrés Ortega.
