En la mayoría de las naciones miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), España entre ellas, se dispone de normas que establecen una cuantía mínima de remuneración que cualquier empleador está obligado a pagar a sus asalariados, cuantía que no puede ser rebajada ni por convenio colectivo ni por acuerdo individual.
El salario mínimo interprofesional, comúnmente abreviado como SMI, hizo su aparición en nuestro país en 1963 y, entre otras cosas, busca atender de manera efectiva el derecho a una remuneración equitativa, sostenible y suficiente que proporcione a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida decoroso.
Ciertamente, establecer un salario mínimo puede proteger a los trabajadores peor remunerados, pero, para que resulte eficaz, es necesario ajustarlo periódicamente teniendo en cuenta no solo factores económicos o políticos, sino también las necesidades reales de los trabajadores y de sus familias. Además, cualquier proceso de corrección debe llevarse a cabo con la plena participación de los interlocutores sociales, dentro del conocido como “Diálogo Social”, contando con la participación equitativa y efectiva de sindicatos y patronal.
Por otro lado, conviene recordar que el SMI se destina al personal que ocupa los puestos de peor cualificación en la escala laboral, y para que esos puestos existan, es necesario que se incentive la creación de otros puestos estables, formales, de mayor valor añadido y bien remunerados, destinados a personas de superior cualificación, sin cuya aportación vía impuestos al Estado sería imposible establecer esta o cualquier otra medida social que busque la equidad.
Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los salarios crecieron en España un 2,8% en 2022 y un 3,46% en 2023. En este tiempo, la inflación se situó en un 8,4%, la más elevada desde 1986, y un 3,55%, respectivamente, continuando así la devaluación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que venía cayendo desde la crisis de la pandemia. Atendiendo a la OCDE, nos encontramos entre los países miembros donde los salarios reales han disminuido más desde el inicio de la pandemia, en torno al 2,5%. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo se mantiene como la más alta de todas las economías de la organización.
David Cantarero, doctor en Economía y catedrático de la Universidad de Cantabria dice algo muy simple: “si los ingresos de una persona crecen más rápido que los precios de los bienes y servicios, su poder adquisitivo aumenta; de lo contrario, disminuye”. ¿Qué cree usted que está pasando realmente en España? ¿Vamos para adelante o para atrás? Y eso sin mencionar las constantes subidas de impuestos y la disminución de nuestra capacidad de ahorro.
No quiero aburrirle con más cifras, simplemente pretendo proponer un contexto en el que valorar algunas de las medidas tomadas últimamente por el Gobierno de España, como la subida del SMI. Lo cierto es que no dispongo de la formación necesaria como para pronunciarme a favor o en contra. No sé si es mucho o poco lo que se ha incrementado el salario mínimo, pero sí puedo decir que, alcanzar un pacto sin contar con las partes, está más cerca de la imposición que del acuerdo.
El hecho de que la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de trabajo ande por ahí ufanándose de haber alcanzado un hito histórico, al subir de nuevo el SMI sin contar con la patronal, parece una mala idea. Decenas de años de experiencia, avalados por gobiernos de muy diferentes ideologías, en todos los países del mundo civilizado, avalan la utilidad del diálogo social frente a las imposiciones bolivarianas de corto recorrido, con fines propagandísticos, de quien ha sido incapaz de promover puntos de encuentro.
Más parece que Yolanda Díaz, espoleada por el descenso más que comprensible de intención de voto en la formación política que preside, y la por la huida, deserción o enjuiciamiento de algunos de sus miembros y adscritos, ha emprendido una carrera alocada para aparecer ante sus votantes como la más progresista entre los progresistas, , mostrándose como la única depositaria del legado de la izquierda, faro de Finisterre que guiará en su derrota a los buques perdidos.
Y lo curioso es que, probablemente hubiera promovido la misma subida o mayor, de haber seguido los cánones clásicos establecidos para estos casos, diálogo entre las partes, prudencia en la implementación de las propuestas, coordinación con el resto del gobierno y —en el mejor de los casos, por ser cuestión de Estado— con la oposición, y acuerdo con sindicatos y patronal. Claro que, en ese caso, el éxito sería de todos y ella difícilmente podría ponerse a sí misma, en solitario, una medallita en la solapa de la chaqueta para presumir en los mítines, cada vez menos concurridos, de su formación política.
Por desgracia, esto también lo sabe el presidente del gobierno, quien, en contra de lo que haría un gobernante sensato, que es cesarla, ha decidido sostenerla y promocionarla, en la creencia, dicen las malas lenguas y algunas buenas, de que, al no tener perspectivas de crecer en votos propios en las próximas elecciones —hasta Tezanos lo sabe— debe promover los de quienes le apuntalan, para reeditar un resultado que le mantenga en la poltrona, caiga quien caiga.
Eso…, o yo estoy ciego y vivimos una época de prosperidad nunca antes conocida, con el futuro brillante y despejado, alejada de la vieja corrupción, plena de libertad y seguridad, en la que pronto ataremos perros con longaniza a la puerta de nuestras recién estrenadas viviendas y no hay nada de qué preocuparse… Quizá, usted dirá.
Javier López-Escobar