El pasado martes, cuatro días después de que el pleno del ayuntamiento de Segovia rechazara, con los votos de PP y Vox, que el consistorio reclamara a la Junta de Castilla y León la declaración de Segovia como zona residencial tensionada para frenar la escalada de precios de los alquileres, el Ministerio de Vivienda publicó el esperado índice de precios de referencia, una herramienta que permite conocer qué precios de alquiler serían razonables en función de las características de las viviendas alquiladas. Esta referencia pasaría a ser un tope obligatorio si, tal y como proponía el concejal de Segovia en Marcha (Podemos – Alianza Verde), Guillermo San Juan, la Junta de Castilla y León declarase a nuestra ciudad zona residencial tensionada. “Propusimos al pleno que se posicionara en esta cuestión porque el precio de la vivienda es uno de los principales problemas de nuestra ciudad, y el ministerio había anunciado que iba a publicar de forma inminente este índice de precios. No nos equivocamos: cuatro días después del pleno, de que PP y Vox votaran en contra sin ningún argumento de peso a utilizar las herramientas que la ley ofrece para contener los desproporcionados precios de los alquileres, el gobierno lo ha hecho público, y los datos son reveladores”, apuntaba San Juan.
El concejal de Segovia en Marcha señala que, a pesar de las deficiencias de este índice, “que creemos que es demasiado laxo y contempla precios para los alquileres muy por encima de lo que pueden permitirse las familias segovianas”, esta herramienta ya supone “contener el infierno que es el mercado inmobiliario y del alquiler en Segovia: de media, las familias segovianas podrían ahorrarse entre 200 y 300 euros al mes en sus alquileres si el PP reconsiderara su posición, unas cifras que creemos que deben hacer recapacitar al Partido Popular, al alcalde y al presidente de la Junta porque no sólo estamos hablando de aliviar la economía de las familias, también de que esa renta deje de ir a unas pocas manos y pueda llegar a la economía de la ciudad”, explicaba San Juan.
Por eso, el concejal segoviano ha hecho llegar dos cartas, una dirigida al alcalde Mazarías, y otra, al representante de la Junta de Castilla y León en nuestra provincia, el delegado territorial San Merino, “pidiendo que piensen en las familias y que reconsideren la negativa de su partido a utilizar las herramientas que permite la ley para frenar los precios de los alquileres”. “Pocas veces las decisiones políticas tienen consecuencias tan claras y directas: gracias a la cerrazón ideológica del PP en el ayuntamiento y en la Junta, a su decisión de anteponer los intereses de su partido al interés general y seguir permitiendo que el mercado del alquiler lo controlen los intereses inmobiliarios y especulativos, las familias segovianas están pagando hasta 300 euros más de media al mes, impidiendo que muchas de ellas puedan desarrollar su proyecto de vida en una vivienda de alquiler en nuestra ciudad. Les pedimos que reflexionen, que recapaciten y que rectifiquen: Segovia no puede esperar más”, señalaba San Juan.
