El incremento de hasta un 15,2% en el precio del billete del autobús urbano, acordado por el alcalde Mazarías con el apoyo de la ultraderecha de VOX, y aprobado hoy en Junta de Gobierno local, demuestra que el único interés del Gobierno municipal del PP es recaudar más dinero para pagar sus políticas a golpe de capricho, sin importarles penalizar a los usuarios habituales del transporte público, familias, estudiantes y trabajadores.
Además de poner en evidencia que PP y VOX no creen en el transporte público, la decisión demuestra que el Gobierno Mazarías adolece de una estrategia en materia de movilidad, pues, entre otras cosas, los incrementos en la recaudación asociados a este sablazo al bolsillo de los segovianos no van a repercutir en mejoras en los servicios de transporte público, que el Ayuntamiento debería fomentar con determinación ante la próxima implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), algo que, como vemos, no está sucediendo.
A diferencia del PP, el Gobierno municipal socialista mantuvo invariable el precio del billete a lo largo de los últimos ocho años, prueba del firme compromiso del PSOE con los segovianos para el fomento del transporte público. Es más, en 2016 se llegaron a bajar los precios del billete ordinario y de varios bonos, incrementándose, a modo de compensación, únicamente los de las líneas de conexión con la estación del AVE. Ni cuando el Ayuntamiento incorporó un conjunto de mejoras con el nuevo contrato en 2019 lo repercutió en el precio del billete, mientras que también se incentivaron medidas a favor de los usuarios en los momentos más duros de la pandemia.
Sin embargo, para el PP y sus socios de VOX el transporte público no es prioritario y no tienen reparo en penalizar a los usuarios. Concretamente pretenden recaudar algo más de 300.000 euros para sufragar la mayor parte del incremento del servicio previsto para 2024 y que está valorado en 481.831 euros. Si bien es obligatorio el pago de estas cantidades, prefieren subir el billete en lugar de, por ejemplo, recortar el gasto político o tomar medidas concretas como incrementar el precio del billete a los viajeros esporádicos, como pueden ser los turistas que utilizan los autobuses para desplazarse a la estación Segovia-Guiomar. En lugar de esto, al alcalde Mazarías no le supone ningún problema aplicar la subida para los viajeros recurrentes, familias, trabajadores y estudiantes que utilizan a diario el autobús. Lo cierto es que al Gobierno del PP tampoco le ha importado incrementar la presión fiscal, tanto en las basuras (17%) como en el IBI (3,5%).
La subida del precio del autobús inyectará nuevos ingresos al Ayuntamiento que, como decimos, no repercutirá en mejoras del servicio. El alcalde Mazarías no quiere renunciar a gastos superficiales e innecesarios, como son los gastos políticos. Recordemos que es el mandato con el mayor número de concejales ‘liberados’ en un equipo de Gobierno y no podemos olvidar ese alquiler de coches oficiales de alta gama o el traslado de los despachos de Alcaldía, de los concejales del equipo de Gobierno y funcionarios al edificio CIDE, gastos todos ellos que podrían ayudar a sufragar el incremento de coste del servicio para 2024.
El PSOE está especialmente preocupado porque aún desconoce cuál es el modelo de movilidad del PP ya que solo se observan improvisaciones constantes como son la peatonalización de la calle Blanca de Silos, las ‘lanzaderas’ al recinto amurallado o retomar el aparcamiento de Los Tilos sin un estudio de viabilidad del proyecto.
La subida del billete del autobús choca directamente con la implantación de la ZBE. No se puede gravar el transporte público cuando, precisamente, una ZBE exige todo lo contrario. El PP negocia con VOX el presupuesto de 2024 y ahora la subida del precio del autobús, pero no la implantación de la ZBE ya que el partido de extrema derecha ha manifestado de forma reiterada su oposición al proyecto.
Por ese motivo ahora el alcalde Mazarías quiere consensuar la ZBE con el PSOE al ser este un proyecto iniciado en el pasado mandato y financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación. Desde luego, para los socialistas la ZBE tiene que venir de la mano del fomento del transporte público y en ningún caso del ‘sablazo’ del 15,2% en el bolsillo de los usuarios.
Los segovianos no notarán el incremento en 2024 dado que el transporte público va a estar subvencionado (30% por el Gobierno de España y otro 20% por el Ayuntamiento), pero sí lo harán a partir del 1 de enero de 2025, cuando entre en vigor la ZBE. Si el Gobierno municipal apuesta realmente por la descarbonización de la movilidad, que sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente, deberá articular medidas decididas de bonificación a mayores del uso de los autobuses urbanos, una responsabilidad y competencia exclusivamente municipales.
En materia de movilidad, los incumplimientos del programa electoral de Mazarías son más que evidentes. El hoy alcalde se comprometió a extender y mejorar el transporte público a los barrios incorporados y a día de hoy en este tema no se ha producido un solo avance, y es que es perfectamente conocedor que se trata de una competencia autonómica que no quiere reconocer.
Tampoco hay nada de su compromiso durante la campaña electoral de incrementar hasta en 10 autobuses eléctricos la flota del transporte público, más allá de los 4 vehículos que se incorporarán gracias a la subvención de fondos europeos que logró el anterior Gobierno socialista. El ‘debe’ en la cuenta de promesas de Mazarías es importante. Se comprometió a modificar el contrato del servicio de autobuses para incrementar las frecuencias de las líneas 11 y 12 y dejar fijados los servicios extraordinarios de las líneas 4, 8, 9 y 10 y, de momento, nada se ha avanzado en este aspecto. Lo único que ha hecho es incrementar la recaudación, pero no para mejorar el servicio.
Todas las medidas y mejoras proyectadas en materia de movilidad vienen derivadas de los proyectos presentados por el Ayuntamiento en el anterior mandato y que cuentan con fondos europeos al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
El Ayuntamiento de Segovia recibió una subvención de 3.452.304,58 euros. En este proyecto se incluían actuaciones como la implantación de una ZBE en la ciudad, y para la transformación digital y sostenible del transporte urbano. Segovia fue la única ciudad de Castilla y León beneficiaria de las dos ayudas y una de las cuatro en toda España, junto a Torrelavega, Sagunto y Palma de Mallorca que accedió a estas dos líneas de subvención. Con estas ayudas, el Ayuntamiento trabajó en la adecuación del espacio urbano para el tránsito de bicicletas (Carril City), la peatonalización del eje Catedral-Alcázar, el itinerario accesible C/Mónaco-Berlín-Mirasierra, la adquisición de cuatro autobuses eléctricos y la electrificación del centro de operaciones del transporte urbano de Segovia.
Por otro lado, el PSOE considera imprescindible la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), asunto que no es una prioridad para el PP, empeñado en tomar medidas a golpe de capricho, sin ninguna estrategia.
Prueba de esta falta absoluta de planificación fueron los ensayos de los autobuses lanzaderas al casco antiguo, que han sido un auténtico fiasco, provocando el enfado de los usuarios, especialmente de los vecinos del recinto amurallado, que ya se han posicionado en contra.
Si el PP quiere negociar con el PSOE la implantación de la ZBE tiene que tomar medidas firmes para fomentar el uso del transporte público. Todo lo demás será un brindis al sol que no contará con el apoyo de este grupo municipal.
