Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Territorial y Urbanismo de la FES, formada por representantes de la patronal de la Construcción (APIC), del Colegio de Arquitectos, agentes de la propiedad inmobiliaria, constructores y otros profesionales del sector, han expresado su preocupación ante la reciente adjudicación del proyecto de urbanización de Las Lastras sin que se hayan resuelto previamente las alegaciones presentadas durante el proceso de exposición pública.
La Comisión, que se ha reunido en varias ocasiones con el objetivo de aportar soluciones realistas y eficaces para el desarrollo urbanístico de Segovia, presentó alegaciones conjuntas —algunas de ellas elaboradas en colaboración con el Colegio de Arquitectos— con propuestas como el aumento del número de viviendas (pasando de las 200 previstas a un volumen más acorde con la capacidad real del terreno) y la revisión de la disposición de los viales, para mejorar la eficiencia y alejar el tráfico de las zonas residenciales.
Sin embargo, denuncian haberse enterado a través de la prensa de que el proyecto ya ha sido adjudicado, a pesar de que aún no se ha aprobado definitivamente el planeamiento ni se han valorado las alegaciones presentadas. “Es como empezar una casa por el tejado”, ha declarado Ricardo Carretero, presidente de la Comisión, considerando que esta decisión ignora por completo las aportaciones técnicas y urbanísticas realizadas por expertos del sector.
“Nos sentimos ninguneados”, afirmó a la vez que recordaron que no representan intereses políticos, sino a ciudadanos y profesionales comprometidos con el desarrollo responsable y a largo plazo de Segovia, dijo Miguel Tovar, presidente de la Asociación de Agencias de la Propiedad Inmobiliaria.
Lamentan que, por una posible voluntad de acelerar plazos, se desestimen propuestas que buscan garantizar un futuro urbano sostenible para los próximos 50 años.
Además, se trasladó a la delegada de la Junta la preocupación por el diseño actual de los accesos viarios, ya que el proyecto contempla un único vial de entrada y salida, lo que consideran incoherente con las necesidades futuras de movilidad de la ciudad.
Aunque no descartan recurrir legalmente la adjudicación del proyecto si no se respetan los plazos y derechos establecidos, sí insisten en su disposición a colaborar con las administraciones, ofreciendo asesoramiento técnico y una participación activa, pero exigen transparencia, diálogo y respeto por los procedimientos legales.
