Hace tres décadas, un equipo de investigadores españoles liderados por Esteban López-Escobar, sí, tío mío, publicaba en la revista Comunicación y Sociedad un estudio que sentaría las bases para entender cómo los medios de comunicación no solo definen qué temas son importantes, sino también cómo debemos pensar sobre ellos. Treinta años después, esa lección académica se ha convertido en la rutina cotidiana de la política española.
El trabajo pionero de López-Escobar y sus colegas María-José Canel y Federico Rey demostró empíricamente lo que ya intuía la teoría de la agenda-setting: los medios establecen no solo los temas de debate público, sino también los atributos mediante los cuales evaluamos a los políticos. En las elecciones españolas de 1995 y 1996, estos investigadores observaron cómo la cobertura mediática condicionaba la percepción ciudadana de los candidatos, otorgándoles características que luego el público asumía como propias. No se trataba simplemente de manipulación directa, sino de algo más sutil y, por tanto, más peligroso: el establecimiento de los parámetros desde los cuales la ciudadanía forma su opinión.
Hoy, en 2026, el ecosistema mediático español experimenta una presión política sin precedentes. Según el análisis más reciente del panorama comunicativo, la polarización se ha trasladado directamente a las redacciones, y el 57 % de la ciudadanía identifica a los políticos como los principales generadores de desinformación. Paradójicamente, mientras el Gobierno se posiciona como defensor de la «alfabetización mediática» frente a los «pseudomedios», la realidad resulta más compleja e inquietante: la Administración monitoriza estratégicamente a más de 150 medios de comunicación, establece distinciones entre qué es «prensa tradicional» y qué son «pseudomedios», y mantiene un control férreo sobre la distribución de publicidad institucional.
Este es el nuevo contexto en el que opera la agenda-setting. No se trata ya de que los medios se limiten a priorizar unos temas sobre otros –ese sería un juego democrático legítimo–. El problema radica en que la línea entre lo que el Gobierno considera información «responsable» y lo que cataloga como desinformación se define, cada vez más, desde la Moncloa. Las medidas de «alfabetización mediática» que el Ejecutivo promociona tienen un propósito aparentemente loable, pero en la práctica funcionan como un mecanismo de control sobre qué narrativas se consideran aceptables.
La investigación de López-Escobar ya evidenciaba que esta dinámica resulta especialmente peligrosa en periodos electorales. Cuando los políticos consiguen modular cuáles son los atributos relevantes para evaluar a los candidatos –a través de la influencia sobre la cobertura mediática–, el juego democrático se ve alterado de raíz. Los ciudadanos creen que forman una opinión libre, cuando en realidad operan dentro de un marco definido por terceros. Es la vieja advertencia de Orwell: «la libertad de pensamiento se permite siempre y cuando dicho pensamiento se ajuste a los parámetros establecidos».
El descenso de la confianza en los medios españoles, que ha caído a un 31% según datos recientes, no es casualidad. Los ciudadanos no son ingenuos. Perciben que algo funciona mal cuando el Gobierno establece qué es desinformación, cuando decide cuáles son los «medios serios» dignos de publicidad estatal o cuando financia campañas de «alfabetización mediática» que en realidad enseñan a desconfiar de ciertos actores informativos. La confianza erosionada no se recupera con más regulación: se restaura con transparencia y con un respeto real a la pluralidad del debate público.
España se encuentra actualmente en el puesto 23 del Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, con una puntuación de 77,35 puntos. Estos números no son accidentales. Reflejan una realidad: en los últimos años hemos visto cómo el Gobierno ha tensionado sus relaciones con medios críticos, ha utilizado la Fiscalía para perseguir a periodistas que investigan casos de corrupción en el Ejecutivo y ha diseñado mecanismos de control sobre la distribución de publicidad que actúan como herramientas de presión sobre las redacciones. Todo ello mientras proclama defender la libertad de expresión y la independencia mediática.
López-Escobar demostró académicamente aquello que los griegos ya sabían: la realidad política no es lo importante; lo decisivo es cómo esa realidad es percibida. Treinta años después, sus conclusiones nunca han sido tan certeras. En una democracia madura, el Gobierno debe someterse a la vigilancia de unos medios independientes. Cuando es el propio Ejecutivo quien decide qué medios son dignos de crédito, cuáles son aceptables y cuáles merecen publicidad estatal, hemos dejado de tener prensa libre. Tenemos lo que Orwell llamaba «prensa de partido»: sistemas de comunicación al servicio de quien ostenta el poder para definir la realidad.
La pregunta que debería formularse la ciudadanía española no es qué significa la desinformación según la define el Gobierno, sino: ¿quién tiene el poder de definir la realidad? Cuando la respuesta es «la Moncloa», ya no hay libertad de prensa. Solo hay silencio.
Javier López-Escobar
Nota: Este artículo se basa en investigaciones sobre la teoría de la agenda-setting iniciadas por Esteban López-Escobar (Valencia, 20 de octubre de 1941 – Pamplona, 11 de marzo de 2025), profesor de la UNAV y presidente de la World Association for Public Opinion Research – WAPOR (2005-2006), junto a María-José Canel y Federico Rey en la Universidad de Navarra (1996), todos ellos colaboradores de Maxwell McCombs, pionero en el estudio de cómo los medios estructuran la opinión pública.