El número de personas desempleadas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se situó al finalizar el mes de agosto en 4.459 personas, con un aumento del paro.
La evolución mensual refleja un incremento del paro del 3,36% respecto a julio, lo que supone 145 personas más en situación de desempleo. Este ascenso es superior a la media nacional (+1,92%) y a la media de Castilla y León (+2,09%). Sin embargo, en términos interanuales, la provincia muestra una evolución positiva con un descenso de 26 desempleados respecto a agosto de 2025, lo que representa una caída del -0,58%.
En la actualidad, el sector Servicios concentra el 73,7% del total de desempleados de la provincia (3.287 personas). Es el sector que más acusa el fin de la campaña de verano, con un incremento de 122 parados. La construcción sube en 11 personas, y Agricultura e Industria presentan ligeros descensos mensuales de 1 y 9 personas respectivamente.
En lo que respecta a la contratación, durante el mes de agosto se registraron en Segovia 4.327 contratos, lo que supone un descenso mensual del 38,58% (habitual en este periodo), pero un incremento del 4,69% en comparación con agosto de 2025.
Del total de contratos mensuales, 1.359 han sido de carácter indefinido (un 31,4% del total del mes) y 2.968 temporales. En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, Segovia ha registrado 37.966 contratos, de los cuales el 37,22% son indefinidos (14.131).
El presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Andrés Ortega, recuerda que esta evolución del paro mensual es más elevada que la que se produjo hace un año también en agosto. Ello evidencia una situación clara: “La incertidumbre que se vive desde hace meses, está lastrando las decisiones de contratación y de creación de empleo, lo que compromete los niveles de productividad”.
Hace tiempo que, desde la patronal, como hace también CEOE, se reclama un sistema regulatorio que favorezca el desarrollo empresarial y facilite las inversiones. En este sentido, “instamos a frenar propuestas legislativas que comprometan la competitividad mediante mayores costes o restricciones contractuales, dado que las pymes y los autónomos, motores esenciales del empleo regional, carecen hoy de margen para asumir más cargas regulatorias”, apunta Andrés Ortega.
En esta línea se reclama que las reformas laborales que propugna el Ejecutivo busquen la flexibilidad y la “adaptación a las singularidades territoriales, y las distintas características del ecosistema empresarial, pues no es lo mismo una gran multinacional que una pyme o un comercio”.
“Se está ralentizando el mercado laboral y por ello debemos consolidar la seguridad jurídica para los inversores, y moderar la fiscalidad y facilitar la planificación a largo plazo, factores clave para reducir la dependencia de la estacionalidad y generar empleo de calidad”, señala el presidente de la FES.
