No sé si este es el título más arriesgado que alguien puede poner hoy a un artículo de opinión, a pesar de que la competencia es dura porque, se mire donde se mire, hay donde escoger; pero soy así de osado y hoy me tiro en plancha con uno de los problemas que de pronto hemos descubierto que existían.
¿De pronto, dice usted? Bueno, seamos sinceros: usted y yo ya sabíamos que el problema era gordo, pero ni los medios ni el Gobierno se han comportado como si tal asunto existiera. Ha hecho falta que se retransmitiera en directo uno de los noventa lanzamientos diarios que, de media, se producen en España desde 2018 para que la calle reventara, los oportunistas acapararan micrófonos y el Gobierno sobreactuara, improvisando dos decretos de urgencia que seguían negociándose y redactándose cuando los responsables comparecieron en dos ruedas de prensa simultáneas para explicarlos, hasta el punto de que el texto definitivo aún estaba pendiente de completar horas después.
Teatro, propaganda, promesas incumplidas, postureo y paripé han llenado el hueco que desde 2018 dejaron los promotores, los arquitectos, las excavadoras, las hormigoneras, el ladrillo, los albañiles y una ingente cantidad de profesionales que hoy escasean más que las propias soluciones habitacionales. Todo para anunciar supuestas medidas drásticas destinadas a abaratar el precio de unas viviendas que no existen.
Puede que a algunos inquilinos esto les alivie algún apuro, pero dudo que a los propietarios, mayoritariamente particulares, les queden demasiadas ganas de seguir exponiendo su patrimonio a un mercado que no les ofrece suficiente seguridad jurídica. Los datos son tozudos: entre 2023 y 2026 se ha producido una contracción de la oferta de vivienda, con caídas interanuales superiores al 11 %. Y este es, a mi juicio, uno de los efectos más evidentes de la política de vivienda del Gobierno progresista de izquierdas. Y usted, vote a quien vote, lo sabe.
Según los datos del INE, las viviendas turísticas representan una parte muy pequeña del parque residencial español. Incluso si añadimos el alquiler temporal, estamos hablando de una fracción que difícilmente puede explicar por sí sola una crisis de vivienda de estas dimensiones. ¿Le parece a usted urgente intervenir este segmento? A mí me da que no pasa de ser otra coartada populista para arañar algún voto en esa sopa de siglas cambiante que un día se manifiesta contra sí misma y al siguiente comparece como si nunca hubiera roto un plato. No sé, ¿a usted qué le parece?
Dice el Banco de España que arrastramos un déficit cercano al millón de viviendas. Me pregunto si no será este un dato bastante más relevante para empezar a buscar soluciones que el hecho de llamar «pyme buitre, muy carroñera» a una empresa que posee un único piso y ha acordado, gracias al Ayuntamiento de Madrid, devolvérselo en alquiler a Maricarmen por 500 € al mes durante los próximos ocho años, tras regularizar un contrato que era alegal desde 2007. No tengo yo muy claro que salir a criminalizar al prójimo consiga poner un techo sobre la cabeza de quien lo necesita.
Igual peco de ingenuo, pero ¿y si en lugar de prometer viviendas nos dedicamos a construirlas? ¿Y si ponemos los medios para articular una verdadera promoción pública mientras se incentiva la inversión privada? Creo recordar que, en cualquier mercado, un aumento de la oferta suele acarrear una moderación de los precios. Aunque a lo mejor esa regla solo rige para las manzanas: las del frutero, digo, no las del callejero.
¿Se ha parado usted a pensar que, en el precio final de una vivienda de obra nueva en España, una parte importante se la llevan los costes que no ponen un ladrillo? Suelo, impuestos, licencias, tasas, gastos de tramitación, financiación y margen del promotor terminan pesando en la factura mucho más de lo que parece. Y las cargas fiscales y administrativas, según distintas estimaciones del sector, pueden superar por sí solas una cuarta parte del precio de venta. Se me ocurre otra obviedad: ¿y si reducimos esa carga para abaratar el producto final? No hace falta ser un lince para entender que, si queremos viviendas asequibles, gravar su construcción no ayuda.
Cuando en España se edificaba con normalidad, en las décadas de democracia anteriores a que la vivienda se convirtiera en el problema que hoy conocemos, y siempre que hubiera suelo urbano listo, con sus aceras, canalizaciones y acometidas en regla, el plazo transcurrido desde que un promotor iniciaba el proyecto hasta la entrega de llaves era de 2,5 ó 4 años.
Hoy, en cambio, no hay suficiente suelo urbanizado disponible y hay que empezar prácticamente desde cero; el calendario deja de medirse en años y pasa a contarse por decenios. Perdone, debo de tener el día espeso, pero me da la impresión de que, entre podar de una vez esa maraña burocrática y quedarnos cruzados de brazos viendo cómo aumenta el número de cuarentones incapaces de emanciparse, incluso con nóminas dignas, hay también bastante margen de maniobra. ¿No le parece?
Vienen a mi mente más simplezas, pero ¿qué sabré yo? Tampoco pretendo aburrirle. Aunque mucho me temo que, si los manifestantes acampados en la Puerta del Sol siguen allí cuando estas líneas se publiquen y cumplen su promesa de no moverse hasta que el asunto quede resuelto, ya podemos ir dándolos de baja del registro de demandantes: lo suyo va a durar más que la acampada de Ceuta. Alojamiento permanente gratis en el centro de Madrid. Algo es algo.
Javier López-Escobar