Segovia atraviesa una crisis habitacional sin precedentes, según se deduce del informe “Segovia, Ciudad tensionada: quién gana y quién pierde en la crisis de vivienda”, presentado esta mañana por la Fundación Rosa Luxemburg. La presión del turismo, el crecimiento de la universidad privada IE y la ausencia de políticas públicas han convertido el acceso a la vivienda en uno de los principales problemas sociales del municipio. Esta situación, lejos de ser coyuntural, se ha consolidado en los últimos años, con lo que se han agravado las desigualdades y la expulsión de la población local hacia el alfoz.
El estudio ha sido realizado por Miguel García-Duch, economista e investigador del ICEI (Instituto Complutense de Estudios internacionales); Alicia G. Rodríguez-Marín, politóloga especializada en derechos sociales; y Manuel E. García Rubio, economista e interventor del Ayuntamiento de Segovia desde el año 1996 hasta el año 2017.
Segovia soporta una presión en el mercado del alquiler que no se observa en otras ciudades similares como Ávila o Toledo. Manuel E. García Rubio destaca que, «Segovia soporta una presión en el mercado del alquiler que no se observa en otras ciudades similares que, al contrario que nuestra ciudad, han aumentado y consolidado su población». El estudio muestra que la confluencia de factores previos como el estancamiento urbanístico y la insuficiencia de políticas públicas unidos a otros recientes como el auge del turismo, la expansión de la universidad privada IE, ha generado una situación crítica para los residentes.
«Además, es importante destacar que Segovia destaca por encima de la media tanto de nuestra región como del conjunto del país respecto a la población que vive de alquiler: casi un tercio de los segovianos y segovianas viven bajo contratos de arrendamiento u otras formas de cesión de vivienda», señala García Rubio. En este sentido, el estudio evidencia que el Plan General de Ordenación Urbana apenas ha desarrollado un 10 % de las viviendas previstas, y las viviendas sociales existentes no superan en número a las viviendas turísticas registradas en plataformas como Airbnb. “La presencia de la IE University ha intensificado esta presión. En 2023, sus estudiantes superaron en más de un 60 % a los de la Universidad de Valladolid en Segovia, se concentraron especialmente en el centro histórico y zonas cercanas, lo que provocó el desplazamiento de vecindarios tradicionales y la subida de precios”, explica Alicia G. Rodríguez-Marín.
Entre 2016 y 2021, el negocio del alquiler en la ciudad creció en cinco millones de euros. Sin embargo, esta bonanza ha beneficiado a apenas uno de cada diez hogares, mientras que más de un tercio de los inquilinos pertenece a hogares en situación de precariedad o vulnerabilidad. «En los últimos 10 años, más de 1.500 viviendas se han desviado hacia el mercado turístico y universitario porque es mucho más rentable para sus propietarios, lo que se traduce en una reducción drástica de la oferta a costa de ponérselo mucho más difícil a la mayoría social”, apunta Miguel García-Duch.
El estudio exige una intervención urgente de las administraciones públicas, especialmente de la Junta y el Ayuntamiento, para frenar la gentrificación, la turistificación y la expulsión vecinal. “Segovia necesita un cambio de rumbo que priorice el derecho a la vivienda por encima de los intereses del mercado”, concluyen los responsables del trabajo.
El estudio “Segovia, Ciudad tensionada: quién gana y quién pierde en la crisis de vivienda”, se presentará ante la ciudadanía esta tarde durante la segunda jornada del Foro “Segovia no se Vende”, a las 18:30h en la Sala Expresa de la Cárcel- Centro de Creación.
En el encuentro, Amelia Martínez Lobo, directora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburg y Guillermo San Juan, concejal del Ayuntamiento de Segovia, acompañarán al equipo de investigadores que han realizado el estudio. Así, Miguel García-Duch, economista e investigador del ICEI (Instituto Complutense de Estudios internacionales), Alicia G. Rodríguez-Marín, politóloga especializada en derechos sociales, y Manuel E. García Rubio, economista e interventor del Ayuntamiento de Segovia desde el año 1996 hasta el año 2017, desgranaran las principales cuestiones que aborda el informe.
