El pleno municipal de Segovia ha dado este viernes aprobación inicial a la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se implantará en la zona delimitada por la muralla de la ciudad y que tiene como finalidad la reducción de la contaminación ambiental y acústica, así como impulsar la modificación de los hábitos de movilidad de los ciudadanos hacia modelos sostenibles. La implantación de estos espacios es obligatoria para todos los municipios de más de 50.000 habitantes.
El documento será sometido a un plazo de información pública en el que caben alegaciones de un mes de duración antes de lograr la aprobación definitiva. La Ordenanza ha contado en la votación plenaria con el apoyo de los Grupos de PP y Vox, y la abstención del resto de las formaciones: PSOE, IU, Segovia en Marcha y C´s.
VOX daba un nuevo bandazo, tras mostrar su rechazo de forma rotunda a esta medida «atacan al derecho de los ciudadanos de desplazarse libremente por el territorio nacional, perjudican a las familias trabajadoras y suponen una barrera para incentivar el crecimiento económico», ya que según explican en su moción, «perjudican de una manera muy directa a empresas y comercios», así calificaban desde VOX esta ordenanza, finalmente apoyaban al equipo de gobierno con su voto.
Antes de la votación de la Ordenanza, en la misma session se aprobó la modificación del dictamen, a través de una enmienda transacional, que supone fijar la fecha de entrada en vigor de la ordenanza el 1 de enero de 2025. En ese momento, los técnicos municipales de los departamentos implicados calculan que estará plenamente operative el sistema de control de accesos y del tráfico en la zona acotada, así como los mecanismos de gestión del sistema.
En la zona delimitada como ZBE sólo podrán acceder, circular y aparcar los vehículos con clasificación O, ECO y C, además de los de movilidad urbana como patinetes y bicicletas, o ciclomotores, quedando restringidos los accesos de vehículos contaminantes (catalogación B) y muy contaminantes (con etiqueta A).
No obstante, se prevén prorrogas y excepciones que llegarán al 1 de enero de 2026, para vehículos con etiqueta A, y a 2030 para los que tienen la etiqueta B, para los pertenecientes a residentes empadronados, los pertenecientes a personas que disponen de garaje, los que transportan colectivamente escolares, turistas o visitantes, o los usados para transladar pacientes de centros médicos o veterinarios. También disfrutarán de esas exenciones temporales los que pertenezcan a empresas o autónomos con oficina en el recinto acotado, al igual que los de mercadillos municipales, los vehículos de reparto, mudanzas, construcción y autoescuelas, entre otros.
