Hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. No hace falta ponerse demasiado ambicioso. Imaginemos simplemente cómo sería Segovia si durante casi cuarenta años alguien en la Junta de Castilla y León hubiera gobernado pensando que esta provincia también forma parte de la comunidad.
Porque conviene recordar un dato que a veces se pasa por alto: la Junta de Castilla y León lleva gobernada por el mismo partido desde 1987. Casi cuatro décadas. Tiempo más que suficiente para que cualquier territorio sepa si es una prioridad… o si simplemente aparece en los discursos cuando hay elecciones.
Y en plena campaña electoral el Partido Popular ha decidido resumir su proyecto en un lema: “Aquí certezas”.
Desde Segovia es difícil no compartir esa idea. Aquí también tenemos una certeza bastante clara: si el Partido Popular vuelve a gobernar la Junta, lo más probable es que Segovia siga esperando. Porque si algo hemos aprendido después de casi cuarenta años de gobiernos del mismo partido es precisamente eso: cuáles son las certezas.
Por ejemplo, hay una certeza bastante evidente en materia sanitaria. En 2007 se prometió que el hospital de Segovia tendría radioterapia pública. Han pasado casi veinte años y, si todo va según los últimos anuncios de la Junta, ese servicio podría llegar en torno al año 2030. Veintitrés años entre la promesa y su posible cumplimiento. Mientras tanto, los pacientes de la sanidad pública reciben ese tratamiento en un hospital privado mediante concierto sanitario. El dinero de todos termina en el bolsillo de una empresa privada a costa de nuestra salud. Esa sí es una certeza.
También lo es que hoy cerca de 15.000 segovianos están en lista de espera entre consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. O que el hospital sigue funcionando con carencias estructurales mientras se suceden anuncios de ampliaciones, proyectos y compromisos que siempre parecen situarse en el futuro.
Después de casi cuatro décadas gobernando, uno pensaría que estas cosas ya estarían resueltas. Pero el ejercicio de imaginación puede continuar.
Imaginemos, por ejemplo, que durante todos esos años la política de vivienda hubiera sido una política pública de verdad. Que una pareja joven pudiera plantearse alquilar una casa sin tener que hacer cálculos imposibles a final de mes.
La realidad vuelve a ser bastante menos imaginativa. Segovia se ha convertido en la capital de provincia donde más ha subido el alquiler en toda España, con incrementos cercanos al 22,7 % en un solo año. En apenas una década el precio medio del alquiler prácticamente se ha duplicado: de unos 509 euros mensuales en 2014 a cerca de 970 euros en 2024. Y en medio de esa situación hay otra certeza que explica muchas cosas: en los últimos 25 años la Junta de Castilla y León no ha construido ni una sola vivienda pública en la ciudad de Segovia. Ni una.
En un momento en el que los jóvenes tienen cada vez más dificultades para emanciparse y en el que muchas familias destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler, la administración que tiene las principales competencias en vivienda ha estado ausente, de brazos cruzados.
Ante esa ausencia, el Ayuntamiento ha tenido que actuar dentro de sus posibilidades. Impulsando vivienda municipal, planificando nuevos desarrollos residenciales en sectores como el Regimiento o promoviendo proyectos innovadores como las viviendas colaborativas financiadas con fondos del Gobierno de España en suelo municipal. Pero hay algo que también es una certeza: los ayuntamientos no pueden sustituir durante décadas a la administración que tiene las competencias principales.
Si miramos a la educación aparecen más certezas. Entre 2011 y 2023 la Junta dejó sin ejecutar más de 113 millones de euros que estaban presupuestados para educación en la provincia de Segovia. Mientras tanto, los centros educativos siguen funcionando gracias al esfuerzo de profesores, equipos directivos y familias que sostienen cada día un sistema que merece mucho más respaldo institucional del que ha recibido.
También podríamos hablar de desarrollo económico. Durante años Segovia reclamó una estrategia industrial propia adaptada a la realidad de la provincia. Sin embargo, el primer programa territorial de fomento específico no se aprobó hasta finales de 2025. Otra certeza: llegar tarde e incompleto, dejando a gran parte de la provincia fuera del plan.
Y si seguimos repasando certezas aparece el transporte. Sobre el papel la Junta presenta el sistema Buscyl como una gran revolución del transporte público: gratuito, moderno y conectado para toda la comunidad. La gratuidad suena muy bien. El problema es que sirve de poco cuando el autobús no pasa.
Porque la realidad que conocen bien muchos vecinos de la provincia es bastante distinta: líneas que desaparecen, frecuencias insuficientes, horarios que no se adaptan a la vida real y pueblos donde el transporte público sigue siendo más una excepción que un servicio cotidiano. El problema del transporte rural nunca ha sido solo el precio del billete. El problema es que el servicio exista y que sea útil. Y hoy, para demasiados segovianos, sigue sin serlo.
También hay certezas cuando hablamos de patrimonio. Segovia es una ciudad reconocida internacionalmente por su riqueza patrimonial. El Acueducto, la Catedral, el Alcázar, la muralla o nuestros barrios históricos forman parte de una herencia que nos identifica como ciudad y que también sostiene buena parte de nuestra actividad económica. Pero el patrimonio no se conserva solo. Necesita inversión, investigación, mantenimiento y planificación. Esta también es una competencia que ha ejercido el señor Mañueco estos últimos años, pero a la que no ha dedicado un solo euro, por ejemplo, en el acueducto.
Lo mismo ocurre con la cultura. Segovia tiene una vida cultural intensa gracias al trabajo de asociaciones, artistas y entidades que mantienen una programación diversa y constante. Pero una política cultural sólida necesita algo más que voluntad local. Necesita respaldo institucional.
Después de casi cuarenta años de gobiernos del Partido Popular en la Junta de Castilla y León, Segovia sabe perfectamente lo que significa esperar. Esperar inversiones que se anuncian y no llegan. Esperar proyectos que se prometen durante décadas. Esperar decisiones que casi siempre parecen pensadas para otros territorios antes que para el nuestro. Por eso, cuando escuchamos el lema “Aquí certezas”, quizá en Segovia tengamos una bastante clara. Si nada cambia, lo único seguro es que seguiremos esperando.
Porque conviene recordar algo que a veces se intenta diluir en el debate político: todas estas cuestiones son competencias de la Junta de Castilla y León. La sanidad, la vivienda, la educación, el transporte o buena parte de las políticas culturales dependen directamente del gobierno autonómico. Son competencias por las que la Junta recauda impuestos y recibe financiación pública, también la que procede de los segovianos. Y además, en los últimos años, la Junta ha contado con más recursos que nunca, gracias a la financiación autonómica y a los fondos extraordinarios transferidos por el Gobierno de España.
La pregunta, por tanto, es bastante sencilla: ¿dónde se ha ido todo ese dinero cuando uno mira la realidad de Segovia? Porque cuando un territorio encadena retrasos, promesas incumplidas y proyectos que nunca llegan, el problema no suele ser la falta de recursos. El problema suele ser otro. Falta de gestión. Falta de prioridad. Falta de compromiso. Y demasiadas veces, simple desidia política.
Por todo ello, el próximo 15 de marzo no es una fecha cualquiera. Es la oportunidad de abrir una etapa distinta en Castilla y León. De apostar por un cambio real, por una forma diferente de gobernar que escuche a los territorios y que entienda que todas las provincias merecen el mismo compromiso. El cambio real y único hoy se llama PSOE, con Carlos Martínez al frente.
Un cambio para que Segovia deje de estar siempre esperando. Un cambio para que Castilla y León vuelva a mirar al futuro con ambición. Para que, de verdad, Segovia y toda Castilla y León tengan el futuro que nos merecemos y que necesitamos.
Clara Martín