No toda conducta política o socialmente reprobable tiene encaje en un precepto penal. Parece una obviedad, pero si se detiene un momento a observar el panorama, escuchando con atención el ruido de fondo, descubrirá que en la política española esta distinción ha pasado a ser una reliquia arqueológica. Hubo un tiempo en que el simple hecho de ser cazado en falta suponía una condena moral automática; los ciudadanos, sin necesidad de jueces, daban al interfecto su merecido en las urnas.
No hace tanto, para dedicarse a la gestión de lo público no bastaba con presentar un certificado de penales aseado. Se requería ejemplaridad, esa pátina de integridad necesaria para contar con la confianza de aquellos a quienes aspirabas a liderar. El más leve tropiezo daba al traste con la carrera del infractor; los caraduras, sencillamente, tenían vidas cortas en la administración.
Déjeme que le muestre algunos ejemplos para ilustrar lo que digo. En 2023, António Costa dimitió como primer ministro de Portugal en cuestión de horas. El detonante fue una investigación por corrupción en su entorno que ni siquiera le imputaba a él formalmente, pero le bastó para dejar una frase que hoy suena a ciencia ficción: «La dignidad del cargo es incompatible con cualquier sospecha». Costa entendía que el Palacio de São Bento no era un refugio personal, sino una institución que debía permanecer impoluta.
Lo mismo sucedió en el Reino Unido con un superviviente nato como Boris Johnson. No lo echó un juez, lo echaron los suyos cuando el escándalo de Chris Pincher y la hipocresía de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento agotaron el suministro de cinismo nacional. En Westminster se asumió que la falta de integridad sistémica era un lastre inasumible para el Gobierno de Su Majestad.
Incluso por estos pagos fuimos, en algún momento, exigentes. Cristina Cifuentes vio terminada su carrera por el vídeo de seguridad de un supermercado y unas cremas; un hurto menor que remató su imagen pública. La estética de la honestidad pesaba entonces más que el acta de diputada.
Resulta casi insólito recordar hoy a políticos que se fueron, créanme, por lo que hicieron otros en los que habían depositado su confianza.
Esperanza Aguirre dimitió de la presidencia del partido en Madrid en 2016 por la entrada en prisión de su «mano derecha», Francisco Granados. No esperó a ser señalada; admitió que haber nombrado a un corrupto era motivo suficiente para irse a casa.
Años antes, en 1999, Josep Borrell renunció como candidato a la Moncloa por el fraude fiscal de dos colaboradores en el «caso Hacienda». Borrell comprendió que aquellas sombras ajenas invalidaban su autoridad. El PSOE de entonces aún creía que no se podía aspirar al poder con el entorno manchado.
¿Cuándo se pudrió todo? El punto de inflexión se sitúa en el momento en que Maxim Huerta, el ministro más breve de nuestra historia, cerraba tras de sí la puerta del despacho de Pedro Sánchez. Fue el último fusible que saltó en la sede del poder. Tras él, Sánchez echó la llave y desconectó definitivamente el sistema de seguridad ética del Estado.
Desde entonces, no importa el número de casos, la gravedad de las tramas, la proximidad de los implicados, el desfile de familiares por los juzgados, los pactos con fugitivos o la evidente falta de apoyo parlamentario. La barrera de la decencia ha sido demolida por una doctrina perversa: todo se perdona, incluso la amoralidad propia, con tal de conservar la poltrona.
Todo lo que un día se le exigía a un candidato es hoy papel mojado. La política ha dejado de ser un servicio para convertirse en un crudo ejercicio de resistencia numantina. No sé qué preferirá usted, pero yo creo que las ruedas de molino con las que nos pretenden hacer comulgar tienen ya un tamaño difícil de tragar incluso para un rorcual crecidito. Necesitamos, parafraseando a Rubalcaba, un gobierno que no nos mienta. ¿Es mucho pedir?
Javier López-Escobar